Señor Director:
En medio del escenario económico tras la pandemia, los proveedores del sector salud viven una fuerte crisis a nivel mundial.
En España, por ejemplo, las industrias que fabrican e importan equipamiento médico lograron que el gobierno reajustara los contratos para enfrentar el alza de costos por el precio de materias primas, combustibles e inflación, lo que se repite en toda Europa.
En Chile los proveedores del sector público mantienen licitaciones que no ven reflejados el aumento de la inflación, tipo de cambio y fletes. Hay firmas que mantienen contratos con el Estado a largo plazo, pese a que los costos han subido. Es decir, trabajan a pérdida.
Para que esta situación no escale y afecte a los pacientes, es clave que el Minsal instruya a los hospitales y servicios para que apliquen la directiva número 40 que sugiere reajustar los contratos, la que no es vinculante y, por tanto, casi no se utiliza.
Estas condiciones están generando un clima discriminatorio hacia las Pymes, pues el Estado en sus licitaciones compra a menos competidores. El resultado: mayor precio y no un precio justo.
Eduardo del Solar
Director ejecutivo de APIS
