En la región se observa cada vez con mayor periodicidad la ocurrencia de episodios de escasez de agua para consumo humano y riego agrícola, en un contexto de cambio climático, pero también de un preocupante uso no regulado, como ocurre, por ejemplo, con la extracción desde pozos profundos sin el respaldo de derechos inscritos, o en el bullado caso de las aguas de las Termas de Chillán.
Respecto de este último caso, en que la Dirección de Aguas y luego la justicia acogieron nueve denuncias de la Junta de vigilancia del río Diguillín por la captación irregular de las aguas que hace la Municipalidad de Chillán, queda en evidencia una situación que se da también en el Valle Las Trancas, donde existen numerosas captaciones irregulares que permiten abastecer del vital elemento al creciente número de personas que visitan y viven en dicha localidad.
El aumento del consumo, debido al crecimiento del turismo en la zona, ligado a la menor disponibilidad, está teniendo algunos efectos en la cuenca del Diguillín, cuyo río recibe las descargas de afluentes como el Renegado. Ello lo perciben los regantes aguas abajo, quienes agrupados en la Junta de vigilancia del río Diguillín han debido optar por la vía administrativa y judicial para hacer exigible el cumplimiento de la ley, que establece la obligatoriedad de contar con derechos de aprovechamiento debidamente inscritos para hacer uso del recurso.
Y es que si bien el agua es un bien público, su uso debe estar regulado de manera que todos puedan acceder a éste. En ese sentido, lamentablemente en la comuna de Pinto no ha existido una preocupación por parte de los empresarios turísticos ni de la autoridad, salvo excepciones, por establecer un sistema de suministro regular y legal de agua potable para Las Trancas y para las Termas de Chillán que permita abordar el desarrollo del destino con una perspectiva de sustentabilidad.
Volviendo al caso particular de las Termas de Chillán, si bien el municipio ha hecho un uso histórico de las aguas que nacen en su predio, éste ha sido irregular, pues no cuenta con los derechos de aprovechamiento respectivos, lo que es más grave aun tratándose de una entidad pública que debiera ser la primera en cumplir y hacer cumplir la ley.
La ausencia de planificación para gestionar y aprovechar el potencial económico de las Termas de Chillán tiene aquí otra lamentable expresión, pues el municipio jamás inscribió las aguas que nacen en sus tierras y cuando quiso regularizarlas, a principios de 2015, se encontró con la tenaz oposición de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín. La controversia terminó en los tribunales y la Corte Suprema resolvió acoger el recurso interpuesto por los regantes y la Dirección General de Aguas, considerando ilegales 9 extracciones desde vertientes que deben escurrir al río Renegado, y por extensión al Diguillín, pero que son captadas y dirigidas por una tubería hacia el complejo.
De ahí en adelante la historia es bastante conocida. Jurídicamente, los regantes siempre han ido dos pasos adelante del municipio que, erradamente, optó por el litigio y hoy tiene a su máxima autoridad, el alcalde Sergio Zarzar, expuesto a una formalización criminal por usurpación de aguas.
