Nadie podría dudar que las proyecciones de desarrollo económico y social de la Región de Ñuble dependen de la evolución que tenga la actividad agrícola y, estrechamente asociado a ella, de su capacidad para enfrentar el cambio climático y sus impactos sobre los recursos productivos.
El tema cobra especial importancia por estos días, de cara a la COP25, la principal cumbre mundial sobre el cambio climático, de la cual Chile será sede en diciembre próximo. De hecho, en recientes visitas a la zona, los máximos referentes del sector -el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía y el ministro de Agricultura, Antonio Walker- plantearon la trascendencia de tener un relato ambiental para la silvoagricultura chilena, tanto por una cuestión de imagen ante la cita global, como por sus alcances comerciales, pues hoy las buenas prácticas ambientales constituyen un factor de competitividad.
A nivel mundial hay numerosos ejemplos del aporte que puede hacer el sector silvoagropecuario a reducir su huella de carbono, donde por definición el rubro con saldo a favor es el forestal, debido a que la forestación es considerada una de las acciones más efectivas para capturar carbono de la atmósfera. Asimismo, el uso de energías renovables, como la solar, en los procesos agrícolas, ha contribuido a reemplazar los combustibles fósiles, por ejemplo, con sistemas de bombeo de agua fotovoltaico en los predios. También el adecuado manejo de purines en la ganadería puede contribuir decididamente a la disminución de emisiones de metano.
A nivel internacional existe abundante experiencia, de hecho, los purines son utilizados para la generación de biogás. Pero quizás uno de los ejemplos más emblemáticos es el combate a la quema de rastrojos agrícolas, principalmente cereales, una práctica que está prohibida en países como México y que es calificada por muchos expertos como dañina no solo para el suelo, sino que por la contaminación del aire que genera en zonas rurales, una realidad que los chillanejos conocen muy bien.
Ligado a lo anterior, es fundamental para facilitar la adaptación al cambio climático que también se incluyan incentivos a la investigación científica, pues si bien existen instituciones que realizan esfuerzos a nivel local, como la Universidad de Concepción y el INIA, éstos no son suficientes y, claramente, se observa un déficit por parte del sector privado, razón por la cual se requiere una mayor vinculación entre la academia y las empresas, no solo para aportar mayor financiamiento, sino que también para identificar las problemáticas ambientales de nuestro tejido productivo.
Por último, hay que tener muy presente que la “mano invisible” del mercado no es suficiente para moldear un desarrollo sustentable del agro en la nueva región, de modo que el Estado también debe asumir un rol importante por la vía de la planificación territorial, no solo para resguardar la conservación de los ecosistemas, sino también para evitar la depreciación de factores productivos que podría condenar de modo temprano la aspiración de Ñuble de convertirse en una potencia agroalimentaria.
