Un llamado a los senadores a aprobar el proyecto que establece una prórroga por 12 años de la Ley 18.450 de Fomento al Riego hicieron esta mañana los agricultores de la Región de Ñuble, quienes advirtieron que la legislación expirará en diciembre próximo, y que, de no renovarse dentro de los plazos previstos, se corre el riesgo de perder un año de inversiones en tecnificación y obras de conducción que han beneficiado a regantes pequeños, medianos y grandes.
Representantes de las juntas de vigilancia de los ríos Diguillín y Ñuble, así como de la Asociación de Agricultores de Ñuble y de los denominados “blancos” del Canal Laja-Diguillín, subrayaron la importancia de esta ley en sus 36 años de vigencia, como una herramienta clave para la modernización de la agricultura de la región y coincidieron en que ha permitido hacer un uso más eficiente del agua en un contexto de crisis hídrica y cambio climático.
En una conferencia de prensa ofrecida en Chillán, los dirigentes de los regantes rechazaron las críticas a la prórroga, y apuntaron a razones políticas y no técnicas tras la postura de los parlamentarios de oposición que han mostrado sus reparos. En ese sentido, si bien reconocieron que los subsidios del Estado han favorecido a grandes empresas, puntualizaron que los principales beneficiaros han sido pequeños y medianos agricultores.
El dirigente de los regantes del Diguillín, Francisco Saldías, comentó que el proyecto exhibe un retraso en su tramitación, en comparación con las prórrogas en gobiernos anteriores.
“En el periodo de la presidente Bachelet se presentó en marzo, igual que ahora, y ya a estas alturas estaba aprobado. Lo que pasa es que ahora no se ha aprobado porque existen visiones de cambios fundacionales en temas de derechos de agua, y algunas tendencias que apuntan a que todo se paralice, que no se apruebe nada, lo que representa un perjuicio directo a la pequeña agricultura”, sentenció el juez de aguas.
El proyecto, ingresado al Parlamento en marzo pasado, fue aprobado en general este miércoles por la Sala del Senado en su segundo trámite legislativo, luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados, y ahora será analizado en particular por una comisión especial integrada por 15 senadores de las comisiones de Agricultura, Medio Ambiente y de Recursos Hídricos.
Según expuso Francisco Saldías, entre las indicaciones propuestas al proyecto hay una que apunta a limitar la prórroga a dos a tres años, lo que según los regantes sería inviable, considerando que un proyecto de riego no tarda menos de tres años desde su concepción hasta su licitación.
“Ahora lo que viene es analizar en detalle las propuestas, y uno de los principales temas es la vigencia que se va a prorrogar. Se está pidiendo 12 años, y hay algunos senadores que plantean que se puede renovar solo por tres años, pero nosotros sostenemos que eso es muy poco, porque el programa requiere un largo proceso de elaboración para poder concursar y luego realizar las obras; y los canales de riego se tienen que intervenir cuando están secos, es decir, en invierno”, indicó.
En esa línea, Saldías postuló que frente a esa diferencia, se podría llegar a un acuerdo en torno a siete años de prórroga.
Pequeños agricultores
El dirigente añadió que el impacto de esta ley ha sido fundamental para los pequeños agricultores del Laja-Diguillín, y citó como ejemplo el caso de los denominados “blancos” de Bulnes y San Ignacio, que son aquellos que no reciben agua, algunos de los cuales, gracias a esta ley y con el apoyo de Indap, han podido concretar las inversiones necesarias para contar con riego.
De no renovarse esta ley, planteó, los pequeños agricultores que aún no tienen riego, no contarían con una herramienta para financiar las obras en los canales.
También destacó los beneficios de esta ley el dirigente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Alfredo Wahling, quien destacó que la mayoría de los beneficiados por esta ley en la región han sido pequeños y medianos agricultores, y que las empresas grandes no representan a la mayoría. Detalló que más del 80% de los fondos han quedado en agricultores de menos de 40 hectáreas. Además, recordó que este proyecto de prórroga orienta los beneficios precisamente en los pequeños y medianos, concentrando el 98% de los recursos en los agricultores con superficies de hasta 80 hectáreas.
El agricultor apuntó no solo a los proyectos de tecnificación intrapredial o a los de carácter colectivo, como el mejoramiento de canales y bocatomas, sino que también al impacto económico y en el empleo que ha tenido la incorporación de cultivos más rentables, de la mano del riego.
Wahling subrayó que “es una ley que ha sido aplaudida por todos los sectores”, sin embargo, lamentó que se haya ideologizado su discusión.
“Hay senadores que objetan el proyecto, que dicen que los recursos se han destinado solo a algunos, que a los pequeños no les llega, lo que no es tan cierto. Entonces, creo que hay una politización de esta discusión, por eso los senadores de oposición, que son mayoría, no lo apoyan; y creemos que están en un error y tienen un desconocimiento de cómo se ha utilizado esta ley y del efecto que ha producido”
César Baeza, dirigente de los “blancos”, si bien acogió la crítica al beneficio que ha significado esta ley para empresas agrícolas de mayor tamaño, reafirmó su apoyo a la prórroga de la ley por 12 años atendiendo el potente impacto que ha tenido en los pequeños, e hizo hincapié en que hasta ahora, la única herramienta de apoyo que han podido utilizar los blancos ha sido precisamente esta ley.
