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Es un hecho. Debido a la necesidad de realizar ajustes presupuestarios para financiar la agenda social propuesta por el Gobierno tras el estallido social, y sumado a los anuncios a nivel local de priorizar el Plan Ñuble en gasto destinado a las personas, la Intendencia confirmó durante la semana a LA DISCUSIÓN que la nueva cárcel de Ñuble se hará en un predio fiscal, descartándose adquirir un terreno privado para levantar el penal que permitirá sacar el recinto penitenciaro del centro de Chillán.
Esto además confirma que el penal no se hará en San Miguel de Ablemo (San Carlos), donde se pretendía comprar un terreno a un privado. Con ello, son cuatro los terrenos fiscales actualmente evaluados por la Dirección Nacional de Gendarmería, los que no tienen costo para el Fisco, clave dada las actuales condiciones presupuestarias del país.
La estrategia no es nueva. El año 2013 también se intentó para instalar lo que en ese entonces se denominó como un penal biprovincial, para Ñuble y Biobío. La idea no prosperó debido principalmente a la oposición de comunidades cercanas a estos terrenos fiscales, uno de ellos ubicado en Chillán Viejo.
Antes, otros terrenos privados también fueron prospectados, en Bulnes, Chillán (Santa Cruz de Cuca), San Nicolás y San Carlos, todos los cueles fueron descartados una vez que los vecinos protestaron por su cercanía con centros poblados. Y el argumento siempre fue el mismo, el que se reflotó con el terreno de San Miguel de Ablemo recientemente descartado: inseguridad, afectación de la calidad de vida y desvalorización de las propiedades, al tener un penal cercano.
Años de análisis
Una nueva cárcel para la Región de Ñuble es un tema que se viene analizando desde antes del año 2008. Se sabe que se debe construir una nueva unidad penitenciaria, pero dónde instalarla parece ser la interrogante que nadie ha podido responder.
“No tengo ningún problema con que se construya la cárcel en Chillán”, fueron las palabras que a mediados de octubre emitió el alcalde Sergio Zarzar, lo que abre la posibilidad de que la comuna se quede con el penal, siempre que exista un terreno fiscal dentro de su territorio acorde a las exigencias de Gendarmería.
Esto permitirá retirar la actual cárcel de Chillán, ubicada en pleno centro de la ciudad. Data desde 1940, año posterior al terremoto de Valdivia.
Miguel Ángel Cornejo, experto en Gobierno y Gerencia Pública y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, publicó en 2016 un documento de trabajo llamado ¿Cómo avanzar en infraestructura penitenciaria? En el documento se propone que Chile necesita menos cárceles de las que tiene, pero necesita recintos de mayor capacidad.
Desde hace unos años se observa una mayor resistencia de los vecinos a aceptar en su entorno instalaciones o infraestructuras consideradas generalmente necesarias, pero que se prefieren situadas lejos de la propia residencia. Es lo que se ha venido denominando el efecto NIMBY (not in my back yard), traducido al español “no en mi patio trasero”. La gente puede estar de acuerdo en que es necesario instalar una cárcel, pero no aceptan que se haga en la proximidad de su hogar, por la posible generación de delincuencia e inseguridad a su alrededor, además de pérdida de plusvalía del sector.
Mitos
Claudio Martínez, exdirector nacional de Gendarmería y arquitecto, derriba esta creencia, que atribuye más a un mito que a la realidad. Desde que Chillán ha tenido una cárcel en pleno centro “nunca ha representado un problema de seguridad, salvo el episodio excepcional producido por el terremoto de 2010 por la caída de un muro, ni tampoco ha sufrido la degradación del barrio por la supuesta contaminación de los familiares. Estos argumentos se fundan en la ignorancia y en el prejuicio, irresponsabilidad y populismo”, expone.
Martínez cree necesario que la nueva cárcel tenga una “zona de exclusión” que rodee a la unidad, un territorio de nadie, lo cual evitaría los denominados “pelotazos”, vale decir, lanzamiento de droga hacia las cárceles.
Desde el punto de vista económico, las cárceles, en el lugar que se instalen, producen desarrollo local: “la cantidad de recursos que se mueve es enorme. Es un factor de desarrollo y la gente no lo entiende, no lo comprende. En el imaginario de la ciudadanía se piensa que una cárcel desvaloriza el entorno”.
Otro ejemplo es que si se toma como ejemplo la actual penitenciaría de Chillán, la realidad es totalmente distinta al mito ciudadano: las viviendas circundantes no han perdido valor, al contrario, aumentan. María Luisa Solar, corredora de propiedades en Chillán hace más de 30 años, asegura que “las casas que quedan en la periferia de la cárcel no han bajado su plusvalía, su entorno se ha visto afectado, no existe alteración al lugar. Hoy las constructoras, por grandes proyectos alrededor de la cárcel, están pagando un aproximado de 15 UF por metro cuadrado, lo que es una buena suma”, explica.
Para el académico Rodrigo Sanhueza, geógrafo de la Universidad de Concepción y especialista en planificación territorial, la idea es disminuir la incertidumbre y el miedo y añade que “se piensa que va a llegar la delincuencia y va a existir una caída en los precios del suelo o de las viviendas de alrededor, pero eso no ocurre cuando hay un buen diseño, un buen trabajo”.
Aclara que este tipo de usos, como las cárceles, deben instalarse en algún lugar: “creo que por una cuestión de logística y controlar hacia adentro estas instalaciones, es preferible que se ubiquen en periferias o sectores semirurales, esa es la tendencia”.
