El Presidente Sebastián Piñera anunció este lunes la “Agenda antiabuso y por un trato digno y justo”, una batería de medidas que apunta a combatir con mayor severidad las colusiones y abusos en los mercados y mejora la protección de los consumidores y trabajadores.
Entre los cambios propuestos destacan: el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica (se le entregarán nuevas herramientas para prevenir, investigar y denunciar los carteles y las conductas anticompetitivas), mayores penas para la colusión (penas de cárcel efectivas cuando se trate de bienes de primera necesidad), aumento de sanciones y multas para otros delitos económicos (tributarios, uso de información privilegiada y divulgación de información falsa), una plataforma digital del Sernac para que los consumidores puedan poner fin a contratos que no deseen y protegerlos de la letra chica, consulta de seguros en línea, eliminación de trámites notariales innecesarios y reducción de cobros de conservadores de bienes raíces y la modernización de la Dirección del Trabajo.
Se trata de una agenda amplia que responde en parte a las demandas de la ciudadanía, que en las calles ha expresado su rechazo a años de abusos cometidos por grandes empresas en distintos mercados, como las recordadas colusiones del papel higiénico, de los pollos y de las farmacias, entre otras, pero también busca atacar otras prácticas escandalosas, como los delitos tributarios que se conocieron en los casos de financiamiento irregular de la política y los llamados “perdonazos” a grandes compañías.
Otro elemento importante de esta agenda lo constituye el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo encargado de velar por la libre competencia, puesto que una de las debilidades de la economía chilena es precisamente el poder sin contrapesos que ejercen empresas oligopólicas, que abusan de su posición dominante en los mercados, concertándose para subir los precios y para evitar el ingreso de nuevos competidores.
En Ñuble, los productores conocen bastante bien el impacto que las prácticas anticompetitivas tienen en la economía, por ejemplo, en los mercados de la uva vinífera, de los lácteos o de la carne.
Y si bien se valora esta batería de medidas, es justo también reconocer que varias de ellas ya están contenidas en proyectos de ley que se tramitan en el Congreso.
Asimismo, las medidas son insuficientes para combatir y disuadir la comisión de los llamados delitos “de cuello y corbata”, pues en la práctica, los responsables de estos delitos podrían resultar impunes o evitar la cárcel.
En esa línea, es clave que se acoja la solicitud del Ministerio Público y de diferentes organizaciones, en el sentido de que la Fiscalía también pueda iniciar la acción penal en delitos tributarios, de colusión y delitos electorales, y que no sea prerrogativa exclusiva del Servicio de Impuestos Internos, de la FNE y del Servel.
Es de esperar que en la tramitación legislativa de estas iniciativas se puedan acoger aquellas indicaciones que apunten a aumentar la capacidad de los órganos del Estado de perseguir estos delitos, para lo cual es fundamental que en el Parlamento se puedan escuchar las voces de todos los actores, de manera tal que la agenda anunciada por el Mandatario sea una respuesta efectiva y contundente a los abusos.
