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Ingreso mínimo garantizado de $350 mil, frenar alza de la electricidad e implementar un mecanismo de estabilización de los precios de este servicio, y la creación de un nuevo tramo en el Impuesto Global Complementario de 40% para las rentas mensuales sobre los $8 millones, fueron algunas de las medidas de la llamada “agenda social” anunciada por el Presidente Sebastián Piñera la noche del martes.
Sin embargo, en opinión de expertos aún se trata de medidas insuficientes, algunas de las cuales apuntan en la dirección correcta, pero que en general no abordan algunas demandas clave de las movilizaciones.
Cambios tributarios
Mauricio Oyarzo Aguilar, doctor en Economía Aplicada y académico de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de Concepción campus Chillán (EAN UdeC), expresó que “si bien es cierto, la nueva agenda presentada por el Gobierno ha sido un primer paso para tratar de solucionar los graves problemas denunciados en este estallido social, las medidas carecen de una articulación que se enfoque en modificar el modelo económico neoliberal basado en la eficiencia en desmedro de la equidad, son los primeros pasos, pero no solucionan el problema de fondo, que es el modelo económico”.
Oyarzo puso como ejemplo la modificación propuesta en el Impuesto Global Complementario para rentas superiores a $8 millones: “si bien permite una mayor recaudación fiscal, no hubo anuncios respecto de impuestos que graven las riquezas o directamente al patrimonio de la población de más altos ingresos. Por otro lado, es notoria la falta de interés del Gobierno por escuchar y hacer parte a las organizaciones sociales en este debate y lograr la conexión entre las demandas concretas y las propuestas que la ciudadanía exige en este momento”.
Por su parte, el doctor en Economía y académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío (FACE UBB), César Salazar Espinoza, afirmó que “un impuesto progresivo a las personas es una medida que va en la dirección de mejorar la distribución de los ingresos. Un aumento en los impuestos de un 40% a la rentas superiores a los $8 millones está en sintonía con esta lógica, pero aún es bajo en relación a los impuestos que se pagan en países con estados de bienestar sólidos como en el norte de Europa, en los cuales este tipo de impuestos supera el 50%. Sin embargo, la fracción de la población en este tramo de ingresos es reducida, por lo que se espera un impacto reducido”.
En esa línea, el docente de la UBB sostuvo que “en este tipo de medidas, es transcendental crear una cultura impositiva solidaria, donde cada una de las personas que paga impuestos sienta que los recursos están siendo canalizados correctamente. Bajos niveles de corrupción y altos niveles de confianza institucional son clave para esto”.
Al respecto, Salazar advirtió que “nuevamente, no aparecen intenciones para modificar la base impositiva del capital o impuestos a las empresas. Lo anterior es deseable si se quiere avanzar en una co-construcción de un acuerdo pro-igualdad”.
El también académico de la FACE UBB, Bernardo Vásquez González, quien tiene un magíster en Ciencias Económicas, acotó que “el aumento del último tramo de 35% a un 40% es reponer lo que había antes de la anterior reforma, es un avance en que los que ganan más paguen más, pero considero que se debe avanzar en una mayor recaudación si se quiere mejorar la redistribución”.
Vásquez planteó que “este es un momento en donde debiese haber una mayor disponibilidad para lograr avances en mejoras tributarias, el Estado tiene muchas deudas sociales y para cubrirlas necesita más ingresos permanentes, con los cuales puede aliviar a la gente de menores recursos, ellos ya no pueden esperar más, con sus problemas de salud, jubilación, etc.”.
Frente a la discusión que se abre en materia tributaria como herramienta redistributiva, el académico Mauricio Oyarzo, del EAN UdeC, comentó que “hay espacio para aumentar las recaudaciones fiscales, necesitamos fiscalización en los impuestos territoriales enfocados a los sectores de altos ingresos y evitar la constante evasión; y avanzar en impuestos que graven al patrimonio o la riqueza de los sectores de más altos ingresos (…) Y también en las fórmulas en cómo se reparten los ingresos entre las entidades municipales, tal como el Fondo Común Municipal.
Ingreso mínimo
En cuanto al ingreso mínimo garantizado de $350 mil, existe coincidencia en que se trata de un monto insuficiente, aunque se debe aclarar que a diferencia del salario mínimo, el ingreso mínimo propuesto por el Presidente consiste en un subsidio a la mano de obra que será cubierto por el Fisco cuando los salarios sean inferiores a ese monto.
En opinión de Bernardo Vásquez, “considerando el costo de vida en Chile, todavía es bajo, pero es de gran ayuda para los trabajadores que solo ganan el ingreso mínimo, ya que es un aumento del 16%. Las que pagan esta remuneración, en su gran mayoría son Pymes, y si tuvieran que desembolsar esto les causaría un aumento significativo de costos. Lo ideal es que sean las empresas las que asuman este incremento, pero para que ello ocurra deben aumentar su productividad, y ésa es una tarea pendiente”.
Para Mauricio Oyarzo, el monto “no es suficiente, al menos para los trabajadores de grandes empresas. Es cierto que para las pymes y microempresas, por sus limitaciones de ingresos, será difícil lidiar con un sueldo mínimo superior a $350 mil. Solo para ellas debiera actuar un complementario por parte de recursos públicos, pero para empresas grandes debieran ser estas las que se hagan cargo de este aumento”.
Sobre este punto, César Salazar advirtió que este incremento constituye un subsidio y no un aumento del salario mínimo. “El monto representa un esfuerzo importante de parte del Gobierno que será financiado básicamente por aportes estatales. Es decir, no modifica el salario mínimo legal, por lo que las empresas no están obligadas a subir el salario a este monto. Esta medida, lo que hace es transferir recursos públicos a manos de privados, y por lo tanto, subsidiar la mano de obra. Aquí la responsabilidad recae totalmente en el Estado para garantizar este ingreso mínimo, lo cual requiere importantes esfuerzos para conseguir recursos fiscales adicionales. Lo anterior es incierto. Uno esperaría que dentro de un acuerdo social y político los costos de las medidas sean compartidos tanto por el Gobierno y el sector privado”.
Tarifas eléctricas
En cuanto a las tarifas de la electricidad a consumidores, Vásquez reconoció que “es una buena medida, porque es inmediata, pero eso no quita seguir viendo como reducir estos costos aún mas, potenciando fuerte las energías renovables, las cuales, a su vez, ayudan al planeta, Chile tiene muchas opciones”.
En la línea de generar un mecanismo de estabilización de precios, Oyarzo acotó que “es evidente que necesitamos mecanismos de estabilización, tanto en la energía eléctrica como en las tarifas del agua para proteger a los usuarios”
El académico UdeC destacó la utilidad de un sistema similar al Mepco, que se aplica en los combustibles, donde un fondo compensa las alzas con recursos recaudados en los periodos en que las tarifas bajan, lo que amortigua las variaciones extremas. Oyarzo manifestó que es útil “especialmente para disminuir la sensibilidad de los precios de la energía a las fluctuaciones del dólar”, considerando que el aumento de la divisa fue un factor relevante en la polémica alza del pasaje del Metro, un elemento que advirtió el docente: “es ahí en donde la legislación actual se ha quedado corta para lidiar con las fluctuaciones”.
También valoró este anunció César Salazar, quien expuso que “un mecanismo de estabilización para atenuar las fluctuaciones de los precios, principalmente como consecuencia de factores externos, como el precio del dólar o precio del petróleo, es una buena medida. Es más, este mecanismo se ha aplicado con éxito para estabilizar los precios de los combustibles en Chile, los cuales particularmente responden a eventos exógenos internacionales”.
El académico de la UBB aclaró, sin embargo, que “este tipo de mecanismos es eficiente cuando existen en un período no solo de aumentos en los precios, sino también reducciones en los precios que permitan generar periodos de ahorros. La idea de este fondo es financiar los precios altos con ahorros generados en períodos de precios bajos”.
No obstante lo anterior, Salazar advirtió que “el alza en la energía en Chile responde no solamente a un problema coyuntural, sino también a un problema estructural que tiene su raíz en una matriz energética poco diversificada y el cambio climático que ha afectado la disponibilidad de agua. Lo anterior sugiere que tal medida podría tener efectos acotados en la estabilización de precios de la electricidad, y por consiguiente, en los precios de otros servicios básicos provistos domésticamente”
