La necesidad de aumentar el subsidio estatal para la construcción de embalses planteó el gerente de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, Salvador Salgado, quien participó ayer en el seminario online “Concesiones y obras hidráulicas en Ñuble” organizado por la Cámara Chilena de la Construcción-Chillán. El profesional estimó que el aporte debiera bordear el 80-85% de la inversión.
El contrato vigente de concesión del embalse La Punilla con la empresa Astaldi, establece un subsidio estatal a la construcción y operación que asciende a un 67%, en una ecuación en que los regantes aportan un 18%, y la concesionaria, un 15%.
Sin embargo, el modelo multipropósito que incorporó la alternativa de la generación hidroeléctrica para hacer más atractivo el contrato para el inversionista privado ya no sería viable, dados los cambios en el mercado eléctrico, con una caída sostenida de las tarifas.
El representante de los regantes precisó que no se trata de una propuesta, sino la constatación de una realidad. “No es lo que nosotros propongamos, en definitiva, es lo que va a tener que hacer el MOP para potenciar económicamente el proyecto, porque ya que los mercados no están igual que hace cinco años, cuando se elaboraron las bases de la licitación, el mercado tenía más certezas del negocio hidroeléctrico que las que tiene hoy, entonces, al licitar un proyecto que pueda tener una componente hidroeléctrica, seguramente un potencial oferente lo va a castigar en términos del riesgo”, sentenció.
Salgado aclaró, además, que este planteamiento no solo aplica para el modelo de concesiones, “sino que también aplica si se quisiera hacer a través del DFL. 1123 (Ley de Grandes Obras de Riego)”, mecanismo que tradicionalmente considera un subsidio estatal de 80-85%.
En la actividad expusieron también José Luis Arumí, académico de la UdeC y presidente del comité de Obras e Infraestructura de la CChC Chillán; Vivian Modak, presidente del comité de Concesiones CChC; Francisco Saldías, juez de aguas de la Junta de Vigilancia del río Diguillín (JVRD); e Iván Rojas, jefe (s) del Departamento de Proyectos de Riego de la DOH.
Certeza jurídica
Por otra parte, Saldías advirtió que en el marco de la discusión constitucional existe el riesgo de quitarle certeza jurídica a los inversionistas sobre la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) en los proyectos de embalses, lo que sería un desincentivo para participar en las licitaciones.
El dirigente, uno de los principales promotores de la construcción del embalse Zapallar, expuso que “toda la batería de argumentación que se da, que está centrada principalmente en los derechos no consuntivos (generación hidroeléctrica) y arrastra a los derechos consuntivos, que son los que usan los agricultores”.
Acotó que “en la Constitución se pretende, con el argumento de los derechos no consuntivos, despojar la propiedad de los DAA, y con eso, ningún sistema va a funcionar, porque la concesionaria va a requerir certeza jurídica, y no la va a tener; y los agricultores tampoco van a tener esa certeza. Creo que un cambio a la Constitución debe ser estudiado muy bien para que no afecte a los agricultores”.
En tanto, Arumí destacó el valor del encuentro y subrayó que si los dos proyectos analizados (La Punilla y Zapallar) “se materializaran, reactivarían sustancialmente la capacidad económica y productiva de la región. Por un lado, vemos en la zona del Laja-Diguillín el impacto que significó la construcción del canal Laja-Diguillín, en que hubo una voluntad política de hacerlo; y en la zona de La Punilla vemos el drama que ha provocado la megasequía entre muchos agricultores que tienen severos problemas de disponibilidad de agua”.
Arumí mostró su frustración frente a la falta de decisión política por concretar estos proyectos: “uno siente que nos está pillando la megasequía, el cambio climático, y seguimos discutiendo”.
