Cuando cayó el martillo de madera de la magistrado Claudia Montero, jueza presidente de la sala 2, donde se arbitró el juicio por fraude al fisco en Chillán Viejo, con una absolución casi total, las caras de los acusados no eran de alegría. Apenas se vio algo de alivio.
Alivio, si se fuerza a un sinónimo de descanso, de punto final de un episodio desagradable en la vida. Alegría, no.
“Lo que pasa es que siento que a los grandes responsables de toda esta situación, que es la Fiscalía, no les va a pasar nada”, dijo ese 19 de agosto Lya González, quien para el ministerio público era una “funcionaria fantasma”.
Por eso, dice, “nuestros nombres han estado, por culpa de ellos, en entredicho por tanto tiempo, se cuestionó la honorabilidad y las competencias de muchos funcionarios públicos y empresarios que estaban lejos de ser personas que cometieron fraudes, que se coludieron o se concertaron para defraudar al Estado. Y eso nos hizo un daño que no se va a borrar”.
Fueron absueltos todos, menos los exfuncionarios de Dideco, Susana Fonseca e Ignacio Moreno, condenados con pena remitida, no por fraude al fisco, sino por falsificar las firmas de dirigentes y comerciantes chillanvejanos en actas de entrega y actas de compra.
Por eso no era necesario que asistieran a la lectura de sentencia, audiencia que se realizó el viernes reciente en el Tribunal Oral en lo Penal.
Sin embargo fueron casi todos. Solo faltaron Andrés León (quien trabaja en San Pedro de La Paz) y Ulises Aedo.
Más resaltó, incluso, la presencia de la empresaria Silvana Ríos, la única del grupo de acusados que no era parte de la Municipalidad de Chillán Viejo, y la única que no se conocía con el resto, hasta que coincidieron en el Juzgado de Garantía por esta causa.
Se excusó, esta vez, de hablar con la prensa, pero sí dijo que “vine porque quería escuchar la sentencia, no me conformo con leerla después por correo. Y además, para apoyar a Ignacio y Susana, que tampoco merecían ser condenados, al fin y al cabo, todos nosotros pasamos por lo mismo”.
Por su parte Paola Araya, quien incluso está con licencia siquiátrica por todo este proceso, dijo que “necesitaba escuchar la sentencia de la voz de la jueza, en la misma sala donde el fiscal dijo todo eso de mí y del resto de los acusados y ante el propio fiscal. No me habría conformado con leerla por correo, en mi casa. Tenia que ser aquí, donde se nos acusó y frente a quienes nos acusaron”.
Futuros inciertos
Tras finalizar la lectura de sentencia, que solo se remitió a las líneas resolutivas, ya que el documento con los argumentos sumaban exactas 690 páginas, tampoco hubo sonrisas.
Sí algunos abrazos y aislados episodios emotivos, como el empeño de Silvana Ríos por acompañar en todo momento, incluso hasta fuera del tribunal a Ignacio Moreno y a Susana Fonseca.
Y es que el caso puede seguir. No solo porque el fiscal Álvaro Serrano anunció que, muy probablemente, pedirán que se anule el juicio, con lo que se tendría que rehacer íntegramente, sino porque hay quienes no descartan drásticas medidas personales a futuro.
“Esto, de verdad, me perjudicó demasiado. Tras ser absuelta, no recibí ningún llamado ni mensaje de nadie en la municipalidad. No es seguro que vuelva a trabajar allí, no lo puedo asegurar por el momento”, comentó Paola Araya.
Lya González, por su parte, dijo que “ya nada para mí será lo mismo. Siempre he estado ligada al servicio público, es algo que llevo en el alma, pero después de esto, te lo replanteas todo, no sé si vuelva alguna vez a eso, porque al fin y al cabo en cualquier momento te pueden pasar cosas como éstas. Nosotros sólo fuimos víctimas de una disputa política y de una pésima investigación de un fiscal que fue contumaz en su propia mala intención”.
“Esto pasa en todos lados”
El juicio fue por la pérdida contable de más de $62 millones de las arcas municipales. 
Según la defensa, este vacío contable se origina por un desorden administrativo, un apuro por dar abasto más allá de las posibilidades de satisfacer necesidades comunales, por infringir ciertos protocolos administrativos, por estar sobrepasados.
“Un error de la ley es que en los municipios, mientras el administrador no sea escogido de manera independiente y sea cargo de confianza del alcalde, está obligado a hacer lo que le pidan, incluso cuando no se puede. Esto, le aseguro, pasa hoy en todos los municipios de Chile”, asegura Ulises Aedo, quien ha trabajado ya en tres.
El ex director de Desarrollo Comunitario, Andrés León, asiente y agrega que “cuando un funcionario de confianza le dice que no a un alcalde, pierde la confianza y te despiden, por eso hay traspasos de recursos que se arreglan después a última hora con los concejos y eso genera errores contables, asunto que pasa en todas las municipalidades porque siempre son más las necesidades que los recursos”.
Días antes, Ignacio Moreno dijo que “a nosotros nos condenaron porque fuimos los únicos que declaramos en forma voluntaria, porque para nosotros todo era normal. Si hubiésemos guardado silencio, como lo hizo el resto en la Dideco, no nos habrían acusado de nada”.
