La firma de la modificación del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el Salar de Maricunga, Región de Atacama, abre nuevas perspectivas de financiamiento para comunas vulnerables del país, incluidas varias de la Región de Ñuble, que ya han recibido recursos derivados de los ingresos de esta industria estratégica.
El acto fue encabezado el jueves por el Presidente Gabriel Boric -quien acudió junto a su pequeña hija, Violeta-, quien destacó que la actualización contractual permitirá fortalecer la producción nacional y consolidar una minería con mayor aporte territorial.
El proyecto será desarrollado por la estatal Codelco en alianza con la multinacional Rio Tinto, bajo estándares de sostenibilidad, consulta indígena e inversión en innovación tecnológica, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.
Entre los beneficios comprometidos se consideran aportes directos a municipios, financiamiento de proyectos locales e inversión en conocimiento científico, elementos que impactarán de forma indirecta a regiones que reciben transferencias asociadas a la explotación del recurso.
Desde el Gobierno se resaltó que el incremento progresivo de la producción -estimada entre 15 mil y 20 mil toneladas anuales de carbonato de litio equivalente desde 2030, y hasta 55 mil toneladas desde 2033- implicará también mayores recursos para las comunas.
La seremi de Gobierno de Ñuble, Valentina Pradenas, afirmó que “sabemos que todo aumento en la producción del litio implica un aumento del aporte que se hace a las comunas más vulnerables”, recordando que en la región los recursos transferidos a 20 municipios (solo se exceptúa Chillán) ya superan los 9.070 millones de pesos.
“Seguimos consolidando al litio como un nuevo sueldo para Chile. El nuevo contrato beneficiará a las comunidades, potenciará económicamente la región, protegerá el medio ambiente y generará innovación”, añadió.
Controversia por “error de cálculo”
El anuncio ocurre en paralelo a la controversia generada por una estimación errónea de ingresos provenientes de contratos de litio, luego que la corporación estatal Corfo debiera cubrir una brecha de US$387 millones tras recaudar menos de lo proyectado debido a la caída del precio internacional del mineral.
La diferencia obligó a la entidad a liquidar activos financieros para cumplir con las transferencias comprometidas en la Ley de Presupuestos, lo que abrió cuestionamientos respecto de la planificación financiera asociada al sector.
Pese a la polémica, desde el Ejecutivo recalcaron que la actualización del CEOL busca precisamente estabilizar el desarrollo de la industria mediante reglas de gobernanza modernas, mayor participación estatal y una relación directa con los territorios beneficiados.
En ese contexto, las autoridades destacaron que la expansión de proyectos de litio no solo fortalecerá la competitividad internacional de Chile, sino que también ampliará los fondos destinados a gobiernos regionales y comunales, permitiendo sostener programas de inversión local en infraestructura, desarrollo social e innovación productiva en regiones con una alta tasa de pobreza y ruralidad, como es el caso de Ñuble.