Hubo una firma y hubo ceremonia. Se cumplió el protocolo de oficializar en dependencias de la Delegación Presidencial de Ñuble el acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de cruzar información y colaboración en las fiscalizaciones al cumplimiento de la los artículos los artículos 3°, 6 y 8 de la Ley N° 18.575.
Es decir la total prohibición (salvo específicas excepciones) de subdividir para vender predios de menos de 5 mil metros cuadrados en sitios rurales. Esto, cobra especial relevancia si se entiende que se trata de un convenio estrictamente regional y que Ñuble es una de las regiones más rurales del país.
Sin embargo, finalizado el punto de prensa, el seremi del Minvu, Carlos Urrestarazu, admite que tal fiscalización si bien es necesaria y asoma como esencial, “es cierto que hay muchas personas que están en conocimiento de lo que compran es ilegal, que les impedirá regularizar sus viviendas u optar a beneficios como subsidios, pero también es verdad que de todas formas compran esos predios y construyen porque lo siguen viendo como una gran oportunidad”.
En lo empírico, así como las licencias de conducir, pases de movilidad, certificados de revisión técnica ya tienen sus versiones falsificadas a la venta por redes sociales; también se promocionan y se ofrecen sitios de –por ejemplo- mil metros cuadrados en predios rurales. Y Urrestarazu dice que también los ha visto.
Tal vez una de las razones es que así como aún no se ha visto al Ministerio Público o a la Municipalidad persiguiendo esta “flagrancia” de delitos e ilícitos en Marketplace, nunca jamás se ha dado la orden de demoler una sola casa construida en loteos brujos. Al menos en el Minvu, no hay registros de eso.
Sin embargo, “que haya personas que venden y compran sabiendo que es ilegal, que haya personas construyendo sabiendo que puede haber sanciones, que no podrán solicitar posteriormente instalación de alumbrado público o redes de alcantarillado, no significa que nosotros no vayamos a hacer nuestras fiscalizaciones”, advierte el seremi.
Así, aclara que el principal objetivo de este convenio es evitar que se generen nuevos barrios emplazados en loteos brujos, como los ya históricos Valle Escondido o Pan de Azúcar, en Chillán Viejo.
Según el último catastro realizado antes de que se decretara el Estado de Excepción, en la Región de Ñuble existen 344 hectáreas irregulares, con 45 loteos considerados brujos. De estos 17 se encuentran en Chillán Viejo, 14 en El Carmen, 12 en Quillón, uno en Portezuelo y uno en Ninhue.
“Es claro que no vamos a poder llegar a cada rincón de la región viendo dónde hay alguien vendiendo en condiciones irregulares, pero al menos el compromiso de fiscalizar para evitar que se generen más polos de predios irregulares ya es un hecho y se trabajará coordinadamente para cumplir ese objetivo”, advirtió.
A nivel regional, las denuncias formales respecto a predios loteados irregularmente para su venta, no superan los cinco casos al año.
Mientras que en materia penal, se ha formalizado una sola causa por ventas irregulares, en la comuna de Pinto.
Alcances del convenio
Respecto al protocolo firmado en la mañana de ayer, el director del SAG, Eduardo Jeria, comentó que esta coordinación surge luego de un mandato de la Corte Suprema.
“El deber del SAG es acreditar la subdivisión de los terrenos rústicos, rurales, con destinos agrícolas, forestales o ganaderos, que no puede ser menor a media hectárea y proteger este patrimonio que es la tierra y el recurso silvoagropecuario”, dijo.
Luego advierte que esta fiscalización no va en contra de la libertad que tienen los dueños de esos predios para usar sus bienes conforme a sus intereses, “pero tienen que hacerlo bajo los parámetros de la normativa”, explica.
Gracias a este convenio se podrá contar con un mapeo digitalizado de aquellas zonas que ya están siendo subdivididas de manera irregular, y evitar que se generen comités de viviendas en esos predios, ante el entendido que no podrán gestionar la incorporación de redes de agua potable, luz eléctrica o alcantarillados, ni tampoco podrán optar a subsidios.
El convenio es a cuatro años, renovable, plazo en el que esperan generar la cartografía necesaria, para poder compartirla con los municipios.
En cuanto a los riesgos de comprar en loteos brujos destacan la imposibilidad de poder registrar ni el predio ni lo que se construya en él, por lo que tampoco se podría vender de manera legal a futuro, ni heredar legalmente.
