En estos días, las orillas del río Chillán han vuelto a ser escenario de un debate que va más allá de un simple conflicto comunitario: se trata de un derecho ciudadano en tensión y de cómo se ejerce en la región. Un video difundido en redes sociales expuso la discrepancia entre algunos vecinos del pasaje El Roble, en el sector aledaño al camino a Las Mariposas, y otros visitantes que reclaman acceso al cauce del río. La instalación de un portón para controlar el ingreso a un acceso que atraviesa parcelas privadas ha reactivado una pregunta fundamental: ¿cómo hacemos efectivo el derecho de todas y todos a disfrutar de nuestros bienes nacionales de uso público, sin desatender la seguridad y tranquilidad de quienes viven en el lugar?
La polémica revela dos verdades que conviven, a veces de manera incómoda. Por una parte, el río Chillán y sus riberas son bienes nacionales de uso público: según el artículo 589 del Código Civil y el Decreto Ley N° 1.939 de 1977, las playas, entendidas también como ribera de ríos y lagos, pertenecen a todas las personas, y su uso no puede ser limitado por particulares. Por ello, si no existe un camino o acceso público establecido, quienes poseen terrenos colindantes deben facilitar gratuitamente el tránsito peatonal hacia esos espacios para fines recreativos o de pesca.
Por otra parte, no se puede ignorar las preocupaciones legítimas de quienes habitan sectores rurales y residenciales: seguridad, mantenimiento, condiciones de camino y la convivencia cotidiana con visitantes son aspectos que afectan su calidad de vida y legítimas expectativas de tranquilidad. Estos factores no pueden ni deben quedar al margen de una solución duradera; tampoco deben convertirse en argumentos para negar un derecho que la ley ampara.
La normativa vigente no solo reconoce este derecho, sino que también establece procedimientos claros para su implementación. Cuando no hay rutas públicas adecuadas para llegar a un río o playa, las personas pueden presentar denuncias ante la Seremi de Bienes Nacionales, que tiene la responsabilidad de fiscalizar, verificar y, si corresponde, fijar accesos públicos peatonales o caminables sin costo. En Ñuble, esta vía ha permitido tramitar más de 20 denuncias por cierres indebidos de accesos a playas y ríos, lo que ha derivado en la habilitación de varios accesos públicos, como los del río Itata en Quillón y el río Cholguán en Yungay, y la tramitación de nuevos pasos, incluido uno proyectado hacia el río Chillán a través del antiguo balneario municipal.
Ese último punto es clave: un acceso oficial y fijado por la autoridad no solo respeta la norma, sino que entrega certeza jurídica a vecinos y visitantes por igual. Una vez determinada por la autoridad competente, esa vía pública deja de ser un punto de disputa y se transforma en un lugar reconocido y protegido para el tránsito ciudadano. Además, la legislación contempla que una vez fijado el acceso, los propietarios colindantes no pueden cerrarlo ni obstaculizarlo, lo que da mayor seguridad jurídica tanto a quienes viven alrededor como a quienes lo usan.
Naturalmente, esto no exime a nadie de cumplir con otras normas: el respeto al entorno, el comportamiento responsable en áreas naturales y la colaboración con las labores de conservación y limpieza son responsabilidades compartidas. Del mismo modo, las inquietudes legítimas de seguridad de los parceleros deben abordarse con soluciones articuladas entre vecinos, municipio y servicios públicos, por ejemplo, mejores controles, mantención de caminos y campañas de educación ciudadana.
Reconocer que el río es un patrimonio común no solo es una afirmación legal, sino una invitación a pensar comunitariamente cómo lo cuidamos y cómo aseguramos su acceso; una responsabilidad que exige corresponsabilidad social, respeto por la ley y soluciones concretas. Ese es el verdadero desafío de Ñuble: integrar derechos y deberes en beneficio de toda la comunidad.
