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No existe requisito más actual e importante para la credibilidad democrática que un Gobierno responsable y abierto al escrutinio de la prensa y los ciudadanos. Es cierto que la separación de poderes, en el diseño institucional clásico, permite la fiscalización de los actos del Poder Ejecutivo por el Poder Legislativo. Pero en ese sistema de rendición de cuentas no participan de manera directa la prensa ni los ciudadanos. El control lo hacen los representantes que ocupan bancas en el Congreso.
Un sistema de ese tipo resulta hoy insuficiente como mecanismo de control. El acceso de todas las personas, sin excepción, a la información oficial debería estar en todos los casos en la base del accionar de todas las instituciones públicas. Solo así se puede disponer de un catalizador que permita un auténtico control democrático sobre las tres ramas del poder estatal. Solo cuando una administración de Gobierno es transparente para todos se consigue generar credibilidad y confianza entre los ciudadanos.
En tal sentido, la disminución de 3,9 puntos en el acceso a la información pública, y que fue registrada en la reciente presentación del Barómetro de Acceso a la Información 2019, es una señal de alerta que no se puede desatender.
El estudio, realizado por la Fundación de la Prensa, de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y encargada a la empresa de investigación de mercado y opinión pública Cadem, mide tres parámetros: disposición a la entrega de información; confiabilidad y precisión; y entrega oportuna de datos. Así, el indicador general resulta del promedio de dichas dimensiones y en esta ocasión, presentó una baja en comparación a 2018 de 41,7% a 37,8%. La institución peor evaluada fue la Iglesia Católica, seguida por la ANFP y el Ministerio del Interior. Como contrapartida, la mejor evaluada fue Bomberos, el Ministerio de Agricultura y la Onemi.
Al analizar las causas de esta baja aparecen varios elementos, como la obsolescencia de la Ley de Transparencia, el aumento del “off the record” entre funcionarios por temor a sanciones y un tercer factor -del cual poco se habla en nuestro país, pero que las naciones desarrolladas resolvieron hace rato- que es la ausencia de una estrategia de gobernanza de datos por parte de la autoridad política, a fin de garantizar un mejor trabajo periodístico que sirva de contrapeso a los cada vez más frecuentes afanes populistas y de manipulación de datos.
La apertura de la información no es una solución mágica para terminar con la corrupción y el populismo, pero introduce mecanismos de control idóneo para combatirlos. Asimismo, permite optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas, ya que proporciona a los medios de comunicación y por extensión al ciudadano, la posibilidad de conocer los contenidos de cada decisión de Gobierno en sus diferentes niveles.
Resulta claro que facilitar el acceso a la información pública ayuda a disminuir la distancia entre la voluntad de los gobernados y los actos de los gobernantes. De esa manera, se fortalece la moralidad, se incentiva la ética y se perfecciona la democracia
