Cuesta comprender por qué, en pleno siglo XXI, Ñuble exhiba un incremento tan alarmante en el número de familias que se deben abastecer de agua potable a través de camiones aljibe. Sin embargo hay una respuesta, y alude a factores como la falta de planificación, la escasez de conocimiento y el exceso de burocracia estatal.
La prolongada sequía que se extendió por más de una década en la región y que ha afectado principalmente a las familias de zonas rurales con menos recursos que tradicionalmente se abastecen a través de pozos, dejó al desnudo la lentitud del aparato público en materia de adaptación al cambio climático, pero fundamentalmente, la gran tarea pendiente en materia de gestión del recurso hídrico. De hecho, existe coincidencia entre expertos locales en que la ausencia de un plan integrado de manejo de cuencas ha impedido avanzar en la búsqueda de soluciones definitivas e integrales, dando paso a soluciones “parche”, donde, lamentablemente, la preocupación de los políticos ha estado más focalizada en otros temas.
Entre 2012 y 2017, el número de personas abastecidas por camiones aljibe se duplicó, al pasar de 7.800 a 15.436. Cuatro años después son 8.300 personas, equivalentes a 30 mil personas, o sea el doble, según estimaciones oficiales.
Sin embargo, este programa de emergencia que se ha ido institucionalizando con el paso de los años ha sido objeto de numerosos cuestionamientos, no solo por la elevada inversión pública -recursos que se podrían haber destinado a proyectos de agua potable rural (APR)-, sino por las denuncias de monopolios, e investigaciones de corrupción.
Y si bien desde que Ñuble es región se han construido más proyectos de APR que nunca antes, existe todavía una enorme demanda insatisfecha, lo que se explica en parte por la excesiva burocracia a la hora de diseñar, aprobar y ejecutar los proyectos, donde aspectos técnicos y legales pueden representar una larguísima tramitación. De hecho, hay casos en la zona de comunidades que han tenido que esperar hasta diez años para concretarlos.
La prolongada sequía y el aumento de la demanda contribuyeron, además, a reducir los volúmenes de agua almacenada en los acuíferos subterráneos, lo que ha obligado a realizar inversiones en la profundización de pozos. Esto, si bien resuelve la necesidad urgente, no aborda el problema de fondo, que es la necesaria gestión de estos acuíferos. Se requiere destinar más recursos a investigación, para conocer efectivamente el comportamiento de estas napas, así como los niveles de extracción y de recarga, de manera de definir sistemas de control y de infiltración, para asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
Además, es vital acelerar las inversiones en almacenamiento de agua, con proyectos a nivel doméstico, como los sistemas de cosecha de aguas lluvia, así como también a nivel territorial, como los tranques estacionales y los pequeños, medianos y grandes embalses.
La gestión del agua es el mayor desafío y deber de la región, para asegurar el derecho humano al agua potable de todos y todas sus habitantes. Invertir en el acceso y gestión del agua es el primer paso, y la forma más eficiente, de comenzar a reducir las inequidades en Ñuble.
