Señor Director:
¿Debe preocuparnos el uso excesivo de la prisión preventiva? Definitivamente sí, desde que la medida cautelar más grave que contempla nuestra legislación ha perdido su carácter excepcional y de último recurso, cuya aplicación se usa con fines diversos de aquellos que buscan garantizar la realización del juicio y sus consecuencias, imponiéndose muchas veces como un castigo anticipado, más aún si se trata de casos de connotación pública, en los que la presión social y comunicacional tiene un fuerte impacto en la decisión de imponerla.
El uso indiscriminado de la prisión preventiva se debe, por un lado, a las reformas legislativas conocidas como agendas cortas antidelincuencia y, por otro, a la mala práctica de los operadores del sistema de justicia penal, como el Ministerio Público y los jueces de garantía, que han terminado por desnaturalizar su uso, transformándola en la regla general si de cautelares se trata.
Según datos de Gendarmería, más del 36% de las personas recluidas en recintos penitenciarios a lo largo del país están sometidas a la medida cautelar de prisión preventiva, muchas de ellas terminarán sus procesos sin ser condenadas o lo serán a una pena diversa a la privativa de libertad. Este dato resulta relevante si se piensa en las precarias condiciones de vida y habitabilidad de los recintos penitenciarios, los problemas de castigo excesivo, violencia, sobrepoblación y hacinamiento que viven las personas privadas de libertad
En pleno proceso constituyente urge reflexionar la desnaturalización de la prisión preventiva.
Grace Méndez Montes
Directora Pensamiento Penal Chile