Señor Director:
El presidente de la República aclaró que su anuncio de un proyecto de aborto legal, corresponde a “un tema de convicciones de que las mujeres tienen derecho a decidir”. Sin duda, él, como cualquier ciudadano en el marco de una democracia y en el contexto de la deliberación racional que se desarrolla en la sociedad, puede albergar y expresar las convicciones que le plazcan y mejor lo interpreten.
Ahora, sin entrar aquí en el fondo del asunto, que necesaria e inevitablemente nos coloca en el terreno del discernimiento sobre el derecho a la vida, en este caso, tratándose de la persona que detenta un cargo que debiera representar al conjunto de la ciudadanía, cabe formular algunas preguntas básicas, tales como:
¿A título de qué autoridad el jefe de Estado aspira a que la sociedad toda adopte sus particulares convicciones?
¿Por qué una persona que propugna el aborto más allá de las tres causales previstas en la ley, pretende que ahora esa concepción se extienda a toda la comunidad, aun yendo frontalmente contra convicciones perfectamente legítimas pero distintas a la suya, muy extendidas en la sociedad chilena?
¿Pueden las mujeres, sólo por serlo y alegando una legitimidad meramente cuantitativa, impetrar y arrogarse un derecho irrevocable a decidir sobre el destino de otra vida que no es lo suya?
¿No hay, acaso, en este planteamiento, al menos como lo formula el mandatario, un vestigio reconocible ya no de legitimismo frente a una demanda, sino más bien de altanería y suficiencia ante los que piensan distinto?
Son interrogantes que nacen espontáneas al conocer el anuncio presidencial, y que desde luego previenen ante el inmenso riesgo de que el debate sobre este asunto, que debiera ser eminentemente de carácter filosófico, ético y antropológico, sea contaminado y distorsionado en el campo frívolo y transaccional de la política militante.
Abogado
