Se trata de discusiones estrictamente técnicas y que se prestan para más de una interpretación. Y en eso recae lo complejo del juicio que comienza el viernes, por el llamado caso “fraude al Fisco” en la Municipalidad de Chillán Viejo.
El hecho objetivo es que la Policía de Investigaciones (PDI) encontró actas de entregas emitidas por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), con firmas adulteradas. Se habla incluso de falsificadas, para simular pagos por servicios de externos que nunca se prestaron.
Lo anterior para redestinar dineros a supuestos asistencialismos para favorecer, según la Fiscalía, la candidatura del alcalde Felipe Aylwin, en su reelección.
Y el punto de inflexión radica en establecer si un acta de entrega como documento es o no es un “instrumento público”.
Si para los magistrados lo es, entonces se validaría la tesis del Ministerio Público en cuanto se estaría en presencia de un delito que castigar, y el resto del juicio sería solo establecer las penas para las responsabilidades individuales que le cabe a cada uno de los 10 acusados: nueve funcionarios municipales (entre ellos el alcalde) y una empresaria particular.
Si, por el contrario, se establece que no, entonces lo que se falsificó sería un “instrumento privado”, como lo son los cheques, los vale vistas, o contratos entre particulares, para ejemplificar.
En este escenario no se estaría ante un delito, por lo que a lo más, el conflicto municipal se debería perseguir desde la justicia civil y por la Contraloría General.
Para más incertidumbre, la jurisprudencia nacional ha favorecido a ambas posturas en circunstancias, lógicamente no idénticas, pero sí similares.
Aunque el juicio arranca el viernes, a las 09.30 horas en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Chillán, los alegatos que le darán forma a las respectivas posturas de persecución y defensa se comenzarán a definir el lunes, día en que están programadas la presentación de los alegatos de apertura, ya que el viernes se destinará solo a la lectura de la acusación fiscal, en contra de cada uno de los acusados.
Mejor de lo que piensan
Mariella Dentone, procuradora del Consejo de Defensa del Estado (CDE), habla sobre el caso.
Conforme al criterio de la persecutora, sí se estaría frente al delito de falsificación de instrumento público.
“Nosotros planteamos que se trata de instrumentos públicos, porque en el fondo es cuando se habla de cualquier documento firmado por el funcionario público competente”, plantea la abogada.
Añade, luego, que “estas actas, cuando están suscritas por el administrador municipal, tienen una autorización oficial, lo que las convierte en instrumento público. Ese es el punto a debatir”.
La procuradora admite que la jurisprudencia no es unánime, “pero en general se ha admitido la tesis que, en este caso, compartimos con el Ministerio Público, es la más vigente”.
En tanto, el fiscal Álvaro Serrano, quien ha recopilado diversos testimonios de personas que admitirían haber visto sus firmas en documentos que ellos no rubricaron, o las de “favorecidos” con servicios que se cobraron en más de una oportunidad, dijo, respecto a la postura de la defensa, que confía “en que podremos sustentar nuestra tesis ante el tribunal. Siento que nos va a ir mejor de lo que ellos piensan”.
Gendarmería 2010
Giovani Gotelli es el abogado del ex jefe de la Dideco chillanvejana, Andrés León, por quien recaen la mayoría de las acusaciones fiscales y el nombre que más se repitió en el sumario hecho por la Contraloría.
Para el profesional, las actas de entrega son documentos “absolutamente privados”.
Gotelli plantea que “por otra parte, el instrumento público tampoco está definido en materia penal, por lo tanto, lo que nos quedaría sería ir a la definición del Código Civil, no penal”
Ese es el artículo 1699 del Código Civil, que establece que el instrumento público requiere de una solemnidad legal.
“Y el acta de entrega no tiene la más mínima solemnidad legal”, plantea Rodrigo Vera Lama, abogado de la particular, Silvana Ríos, representante legal de Buses Ríos.
Va aún más lejos y recuerda que en 2010 hubo un juicio por falsificación de instrumento público en contra de dos gendarmes, por falsificar las firmas de algunos reos en el libro de salida dominical.
“Pese a que ambos confesaron las falsificaciones, el Tribunal Oral que tenía a dos de las juezas que fueron designadas en este juicio (Claudia Montero y María Paz González), los absolvieron porque determinaron que las falsificaciones en ese libro de Gendarmería, una entidad estatal, no constituían materia de competencia penal”.
TOP y Aylwin
Parte del caso ya se litigó en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP). Fue cuando el fiscal Serrano solicitó una nueva medida cautelar en contra del alcalde Aylwin, consistente en prohibirle que se acercara a cualquier edificio municipal, para prevenir cualquier presión, amenaza o influencia sobre los ocho empleados que también están acusados y deben declarar.
El TOP lo rechazó, por ser una solicitud extemporánea a la etapa procesal de la causa.
Aylwin está acusado por contrato simulado, es decir contratar a una funcionaria, quien según la Fiscalía nunca prestó servicios.
“Tenemos incluso evidencias recogidas por la propia PDI de que esas acusaciones son falsas. Mi trabajo es solo demostrar que el alcalde no es parte de un contrato simulado, que es lo único por lo que se le acusa”, dice el abogado Julio Díaz de Arcaya, su representante.
