Por segunda vez desde que se cumpliera el plazo de 10 meses que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) otorgó a Agrícola y Frutícola Veneto para efectuar el cierre del plantel porcino Santa Josefina por carecer de Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el organismo fiscalizador solicitó un programa donde la firma entregue información sobre cómo cumplirá la sanción.
En la primera solicitud la empresa no entregó el cronograma requerido por la SMA con las acciones para reducir la masa ganadera, sino documentos que explicaban los argumentos del recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que se opone al cierre.
El abogado Luis Eduardo Cantellano, del estudio jurídico Urquidi y Asociados, en representación de Agrícola Veneto, aseguró que se reunió con autoridades locales como el alcalde de Coihueco, Carlos Chandía, y enfatizó que “no es que no queramos -entregar el plan-, es que no podemos hacerlo porque hay recursos pendientes, y si la SMA quiere hacer el cierre ahora, es que quizás conoce cuál es la decisión -de la Corte de Apelaciones.-, nosotros no la conocemos”.
-¿En qué consistió su reunión con el alcalde?
-Lo que hicimos fue ponerlo al día y entregarle nuestra visión del tema, hacerle entender que efectivamente hay aspectos de cuestiones más administrativas que ambientales, y hemos sido enfáticos en cada una de las reuniones en que el plantel de cerdos no está produciendo un daño ambiental, la propia SMA lo reconoce y lo absuelve de daño al medio ambiente, y solamente estamos discutiendo sobre si el plantel de cerdos debe o no tener RCA.
-¿Presentarán un cronograma de cierre en esta oportunidad?
-Nosotros en cuanto a asesoría jurídica lo que estamos viendo es velar por los derechos en este caso de una persona jurídica, que a nuestro juicio ha sido vulnerada en términos de la legislación, de tal manera que no podemos decir esto se va a hacer o no, simplemente recurrimos ante los organismos que corresponden, ya sean administrativos como jurisdiccionales. A diferencia de lo que han publicado algunos medios, no se trata de un plantel ilegal, porque está funcionando de acuerdo a la normativa.
-El concepto de plantel ilegal lo estableció la SMA…
-Ahí tenemos una discusión profunda con la SMA, porque no estamos de acuerdo con que sea ilegal, a partir de que existen todavía recursos pendientes, ya sea en Corte de Apelaciones o en tribunales ambientales, de lo contrario estaríamos hablando de un plantel que ha funcionado por más de 60 años en forma ilegal, y es una exageración y una ridiculez plantearlo de esa forma. Pensamos que la Superintendencia se ha equivocado profundamente en las determinaciones que ha tomado y eso es lo que nos tiene hace un año impidiendo el cierre, porque si hubiésemos encontrado que procedía el cierre, quizás hubiésemos tenido otra posición.
-Eso quiere decir que no presentarán el cronograma…
-Lo que yo le estoy planteando es que la SMA como organismo de administración del Estado no puede imponer lo que ella determine. Los aspectos jurídicos tienen que ser resueltos por los tribunales que correspondan, y naturalmente la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, admite un recurso de apelación para que sea la Corte Suprema la que tenga que decidir finalmente. Y por otro lado, respecto al rechazo de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) en relación al mejoramiento de la ampliación, también hay recursos administrativos pendientes, hay una reclamación directamente al director ejecutivo del SEA, y si la respuesta de él es negativa, nos queda un recurso ante el Tribunal Ambiental. Lo que quiero decir es que no está cerrado todavía el procedimiento, no obstante ello la SMA quiere cerrar, entonces frente a eso no podemos presentar un plan de cierre, porque estamos haciendo valer los derechos que todavía tienen nuestros representados. Qué pasaría si las autoridades judiciales determinan que Santa Josefina tiene la razón, y no tiene que cerrar, y no obstante ello se cierra el plantel, quién se hace cargo de los perjuicios económicos. Ahora la pregunta es cómo se hace el cierre del plantel, quién tiene que hacerlo, es la autoridad administrativa la que está solicitando, por lo tanto, deberían ser ellos mismos quienes establezcan un protocolo como administración del Estado, y cerrar el plantel.
-El Tribunal Ambiental respalda a la SMA…
-Según su interpretación, la SMA puede hacer uso de la fuerza pública para cerrar el plantel. Según mi interpretación, la SMA no puede hacerlo, primero porque es un órgano de la administración del Estado, y por tanto los órganos emiten resoluciones o actos administrativos que son revocables por la propia administración. La SMA el día de mañana puede revocar esa resolución, porque hay nuevos antecedentes, Y en segundo lugar, porque la propia ley, de bases y procedimientos de administración del Estado, establece que la resoluciones judiciales solo pueden tener lugar con auxilio de la fuerza pública cuando se expongan a alguna multa, pero no el cierre. El legislador ambiental quizás olvidó y pretendió otra forma de cerrar los planteles, pero no estableció el uso de la fuerza pública para resoluciones administrativas. Los únicos que pueden pedir auxilio de la fuerza pública son los tribunales de justicia. La Superintendencia ha tenido errores, ha actuado desprolija y aceleradamente respecto de un procedimiento que requiere una cautela.
-¿Cómo se hacen cargo de la oposición de la comunidad?
-Los vecinos tienen el legítimo derecho a expresarse, pero la autoridad dice que no hay tema ambiental pendiente, hay que circunscribirse a lo que se discute, que es que no tiene un permiso, que a nuestro juicio no es un requisito legal para poder operar. En el caso de los vecinos entiendo que han sido personas puntuales los que han liderado estas denuncias, por tanto sus dirigentes se tendrán que hacer cargo de lo que piden, pero yo no he visto nunca a un dirigente hacerse parte en algún recurso administrativo. Si usted me pide empatía, los días en que hemos estado allá no hemos sentido hedor, al lado del epicentro de los purines era algo tolerable, alguien podrá ser más sensible que otros, pero en un promedio de personas que estaban ahí, incluso fiscalizadores, no había nada. Si bien no hay que negar que en el pasado se produjeron situaciones.
