Los incendios forestales han dejado un trágico saldo de muertos y damnificados en las zonas rurales, además de la destrucción de viviendas, de infraestructura y de plantaciones, como vides y frutales. Los más afectados son los pequeños agricultores, en su mayoría, mayores de 50 años, que siguen cultivando la tierra porque no es solo una actividad económica, sino una forma de vida.
Lamentablemente, en las últimas décadas el campo ha sufrido un abandono por parte de las autoridades, que se expresa en la ausencia de políticas de Estado que apunten al mejoramiento de calidad de vida en zonas rurales y paralelamente, al fomento de la actividad agrícola. Por el contrario, los agricultores han debido asumir solos los costos de la apertura comercial a ultranza emprendido por Chile a partir de mediados de los años setenta.
Entre las principales consecuencias de este abandono destacan los altos índices de pobreza en zonas rurales, las tasas más bajas de Índice de Desarrollo Humano, el déficit de infraestructura y de servicios en general y la fuerte migración campo-ciudad, lo que ha derivado en una caída sostenida de la población, principalmente de los menores de 50 años, según muestran los últimos censos del INE.
Es el mismo abandono que describió el alcalde de Quillón, Miguel Peña, cuando recibió en su despacho al presidente Gabriel Boric, en el marco de su reciente visita a la zona.
“Le pedí al presidente que no nos siguieran ignorando, tenemos deficiencias tremendas en infraestructura, pese a ser uno de los polos turísticos más importantes de la Región. El MOP no se ha preocupado por esta comuna, no le ha dado la importancia que tiene”, dijo el jefe comunal, en una suerte de catarsis luego de años de postergación en las decisiones de inversión del gobierno central.
El mismo discurso, con algunos matices, podrían levantar los demás alcaldes de las comunas rurales de Ñuble, que también han sido víctimas de ese “abandono” del nivel central. Y si bien se podrá argumentar que la creación de la región de Ñuble ha permitido contar con autoridades más cercanas y una mayor participación en las decisiones de inversión pública, ello no necesariamente se ha traducido en cambios en la calidad de vida en esos territorios.
Los incendios han puesto nuevamente en evidencia la enorme brecha de calidad de vida entre el mundo urbano y el rural, así como las dificultades que enfrenta la agricultura familiar campesina para crecer y desarrollarse.
Es más: la propia destrucción causada por el fuego puede constituir en sí misma un catalizador de la migración hacia las zonas urbanas.
Por ello, se valora la celeridad en la definición de medidas de apoyo por parte del Gobierno para enfrentar esta emergencia. No hay duda que los recursos que se están comenzando a entregar ayudarán a enfrentar los desafíos en el corto plazo, así como también se espera que las medidas que se están presentado, por ejemplo, en materia de reconstrucción de la infraestructura de riego y de la recuperación de las vides quemadas, permitan apoyar la reactivación de la actividad en el mediano y largo plazo.
Sin embargo, no hay que olvidar que el desafío es mucho mayor, y que más allá de la presencia de autoridades nacionales en las zonas afectadas durante estas trágicas semanas, lo que se necesita es la voluntad política, todo el año, de no volver a abandonar al mundo rural.
