Este 18 de octubre se cumplen tres años desde que se produjo una de las protestas sociales más grandes en la historia de nuestro país. Las manifestaciones ocurridas ese día fueron el inicio del denominado Estallido Social, que dio paso a un proceso constituyente apoyado por el 78% de la población y cerrado con un 62% de rechazo a la propuesta que de él surgió, dejando a una sociedad dividida por sus particulares visiones acerca de cómo se debe construir el país.
Vale la pena entonces repasar por qué se originó este relevante movimiento. El discurso oficial aquel día fue que el malestar de la población se había originado por un alza de 30 pesos en el costo del Metro, mientras que sus detractores señalaban “no son los 30 pesos lo que nos golpea, sino los 30 años de precariedad y desigualdad en la vida de los millones de chilenos”. Ciertamente, el tema era mucho más profundo que un alza puntual en la tarifa del transporte público capitalino.
El estallido social puso en evidencia los problemas estructurales que aquejan a nuestra sociedad e instaló un nuevo nivel de discusión sobre derechos sociales, sobre el modelo de desarrollo y sobre el Estado que queremos, de manera de alcanzar el tan esquivo desarrollo con paz social.
Si bien la lógica hubiera hecho suponer que el estallido fue el momento cúlmine, el clímax de la historia, precisamente porque luego de la sorpresa, el país acordó darle un cauce institucional a la expresión de malestar ciudadano, hoy pareciera que estamos frente a un escenario igual o más crítico que en la época pre-estallido.
La derrota electoral de la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre de este año puso una lápida sobre el acuerdo político que logró contener el estallido social; pero sería un error interpretar que también fueron sepultadas sus demandas sociales, políticas y económicas.
Las motivaciones y causas del estallido social siguen plenamente vigentes, evolucionando o profundizándose, pero no resolviéndose.
Ha cambiado el contexto, tras la pandemia del covid-19 y con una guerra en curso, mientras el país se encuentra en medio de una crisis económica que no cede y cuyos efectos persistirán en los próximos dos a tres años.
Hoy, igual que en 2019, es el momento de los grandes acuerdos, de escuchar; sin embargo, en medio de un proceso donde el Congreso y los políticos retomaron protagonismos, es preocupante ver cómo parecen no estar calibrando la dimensión de la crisis subyacente. Por el contrario, continúan presos del corto plazo, extraviados en su mandato de gobernar para la ciudadanía. La polarización y la defensa de intereses particulares se ha tomado a las élites, mientras la ciudadanía observa con fastidio los escándalos, volteretas y paulatina degradación de las instituciones.
La derecha y los sectores conservadores que hoy se atrincheran en el 62% del Rechazo, no deben olvidar que hace escasos tres años la gente pedía a gritos un cambio. Un reclamo que podrá moderarse con algunas políticas sociales de corto plazo, y ojalá que así ocurra, pero la aspiración de un Estado como garante de derechos y terminar con las desigualdades, con los abusos, con los vínculos entre empresas y políticos y con la crisis de legitimidad de las autoridades, exigen una nueva Constitución. No lo olviden.
