El 18-O se gatilló a partir de la evasión, por parte del estudiantado secundario, en el Metro de Santiago, ante el alza de 30 pesos, pero luego se extendió por todo Chile como una crítica a las políticas sociales y económicas de los últimos 30 años desde el retorno a la democracia.
Chile se ha caracterizado por niveles de crecimiento económico superiores al promedio de América Latina, pero, al mismo tiempo, es uno de los países con mayores niveles de desigualdad social del mundo. Sumado a ello, escándalos de corrupción, financiamiento irregular de la política, millonarios fraudes en las Fuerzas Armadas, colusión empresarial y evasión tributaria, permiten comprender que el descontento ciudadano se funda especialmente en el constante distanciamiento, entre “la clase política”, como se ha llamado a quienes han gobernado, y la ciudadanía. Esa brecha ha generado una crisis de confianza y de legitimidad que ha llevado a una creciente desafección hacia las instituciones políticas e insatisfacción con la democracia. La crisis se traduce en altos porcentajes de abstención en los procesos eleccionarios, de gobiernos cuya desaprobación supera los niveles de aprobación y un Congreso que, en casi todos los estudios realizados a nivel nacional, no supera el 3% de confianza de la población.
En ese contexto, el estallido social se convirtió en una válvula de escape para tanto descontento acumulado, en un país en que los servicios básicos han sido privatizados, y donde el neoliberalismo se ha consolidado en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, llegando a naturalizar prácticas impensables, incluso en países altamente capitalistas. Tómese como ejemplo la privatización de la distribución de agua potable, cuyo valor en la región metropolitana alcanza los $18.370, unos US$22,3. En regiones, este valor es mayor, triplicándose en el caso de Aysen, y llegando hasta 5 veces ese valor en Arica y Antofagasta. Aún así, el valor en Santiago es más del doble de lo que se paga en Uruguay US$10,1; Argentina, US$13; casi el triple de Ecuador, US$7,8 por mes. Como contraste, el mismo año 2019, el 50% de la población ganaba el sueldo mínimo, que correspondía a $337.000 mensuales, unos US$ 409, mientras que en Uruguay era de US$ 572, en Argentina US$ 514, y en Ecuador US$ 727 mensuales. Un año antes, la deuda de los hogares chilenos había alcanzado un nuevo máximo histórico, llegando al 73,3% de los ingresos familiares, aumentando 3 veces en tan solo 9 años.
La respuesta de las autoridades al “estallido” fue declarar estado de emergencia y desplegar una desmedida represión, que significó que 5 organismos internacionales presentaran informes sobre graves violaciones a los Derechos Humanos, que llegó a provocar decenas de muertes y cientos de personas heridas.
A dos años de esos hechos, Chile está en camino de redactar una nueva Constitución, pero el nivel de injusticia social y el descontento con las instituciones políticas se mantienen, e incluso se han agudizado. A dos años de un hecho político tan relevante en la vida nacional, es evidente que se debe avanzar en justicia social y tomar medidas para recuperar la confianza en las instituciones políticas y en la democracia. Esto va más allá de un cambio constitucional, y requiere un cambio cultural que no se logra sólo con más clases de educación cívica, sino que generando espacios reales de participación política ciudadana.
