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Recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Chillán y Santiago, y acciones judiciales en la Corte Suprema y el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, han sido parte de la estrategia que los abogados de la empresa Agrícola y Frutícola Veneto Ltda., dueña del plantel porcino Santa Josefina de Coihueco, han empleado para evitar la clausura decretada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) el año pasado, cuyo plazo venció el 15 de marzo de este año.
Los recursos ante la Corte de Apelaciones ya fueron rechazados, y el reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental está en acuerdo, por lo que la firma presentó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), en que pide “declarar que al momento de resolverse la controversia pendiente ante el Tercer Tribunal Ambiental, el sentenciador no podrá aplicar el mandato contenido en el artículo 64 de la Ley 19.300 según el cual la SMA tiene competencia para fiscalización y sanción de los proyectos con anterioridad a la entrada en vigencia de su ley orgánica”.
De esta manera los abogados insisten en que el plantel inició su actividad antes de la promulgación de la ley sobre bases generales del Medio Ambiente. Sin embargo, los argumentos que ha dado la defensa jurídica de la SMA muestran que el plantel se ha modificado y ampliado, por lo que sí estaría obligado a cumplir con la exigencia de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), revocada por irregularidades en su funcionamiento.
Despoblamiento controlado
La acción de la empresa surge después de que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) inciara el 5 de julio el despoblamiento del plantel a través de la clausura del área de inseminación.
El jefe de la oficina regional de la SMA, Cristian Lineros, explicó que “el SAG notificó la Resolución Nº 284/2019 que prohíbe la inseminación y monta, como también el aislamiento de machos reproductores en el plantel de cerdos Santa Josefina. A la fecha, la medida ha sido fiscalizada en varias oportunidades, y no hemos constatado violación o alteración de sellos”.
Lineros precisó que “el proyecto aprobado tenía una capacidad para alojar un máximo de 2.000 hembras, lo que se asociaba a un total de 28.000 animales, en las diferentes etapas de desarrollo. A contar del 5 de julio, el plantel ha perdido la capacidad de producir nuevas unidades, por lo que se tiende a una tasa de crecimiento negativa y a un despoblamiento controlado en el mediano plazo, donde los animales de mayor peso deberían ir saliendo progresivamente de las instalaciones”.
La SMA declinó referirse al requerimiento presentado ante el TC. En el documento, la defensa de la empresa critica que “dicha fiscalización terminó con una sorpresiva Resolución Exenta de cierre del área de inseminación, actuando en contravención a sus potestades administrativas”.
Molestia de vecinos
El abogado de los vecinos del sector Bustamante, Ricardo Frez, sostuvo que “no existe ninguna acción administrativa o judicial que justifique no implementar la sanción. Esta presentación viene a refrendar la mala fe del plantel de seguir abriendo instancias para dilatar”.
Frez agregó que “en este caso no hay retroactividad en la aplicación de la ley, como ellos quieren hacerlo parecer, forzando al nivel más extremo que es recurrir al TC”. Eventualmente puede haber algún tipo de interferencia -con el reclamo que analiza el Tribunal Ambiental-, pero esperamos que se vean como procesos independientes”.
Y enfatizó que “estamos evaluando presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Chillán. Los vecinos están decepcionados, ellos han confiado en las instituciones. Es difícil creer que una sanción de clausura del año 2018 todavía no se concrete, la credibilidad de los óganos del Estado está en duda a raíz de la falta de celeridad. Nos consta que la SMA ha hecho las gestiones, pero el discurso de parte de las autoridades locales ha sido débil”.
