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Para el miércoles 11 de septiembre quedó fijada la continuación de la audiencia de conciliación, prueba y alegatos en la demanda de reparación por daño ambiental interpuesta por un grupo de habitantes de San Fabián de Alico, en contra de Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A. y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por la ejecución del proyecto “Embalse Punilla”.
En la instancia, las partes manifestaron su voluntad de llegar a acuerdo y a solicitud de éstas, el tribunal resolvió dejar sin efecto parte de la medida cautelar que paralizó los desalojos y la ejecución del proyecto.
A la audiencia realizada ayer en el Tribunal Ambiental de Valdivia, concurrieron el abogado Ladislao Alex Quevedo, en representación de los vecinos afectados por el proyecto; Mauricio Flores, por el Fisco de Chile-MOP, Osvaldo Solís por el Consejo de Defensa del Estado (CDE); y por la concesionaria, Julio Recordón y Mónica Pérez.
El 6 de diciembre pasado, los demandantes solicitaron a este tribunal la aplicación de medidas cautelares prejudiciales, donde la principal es la suspensión de la autorización ambiental del megaproyecto del MOP “en lo que dice relación con acciones que afecten directa o indirectamente al medio humano impactado por el proyecto” y la suspensión del desalojo de los afectados directos que aún no han sido erradicados, cautelares que fueron acogidas por el tribunal el 7 de diciembre, decisión que paralizó la ejecución del proyecto.
Como se recordará, el 21 y 22 de noviembre efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros concurrieron a la denominada Zona A del proyecto para comenzar con el desalojo de los vecinos expropiados que se han resistido a firmar el convenio de relocalización aduciendo que no se ha implementado el plan ganadero comprometido en la resolución de calificación ambiental (RCA).
Si bien los afectados ya recibieron el pago por la expropiación de los terrenos, aún está pendiente la activación del Plan de desarrollo social -compromiso establecido en la RCA-, que considera la entrega de bonos tanto a propietarios como a allegados, sin embargo, para que se realicen dichos pagos los afectados deben firmar el mencionado convenio.
Búsqueda de acuerdo
En la audiencia de ayer las partes manifestaron que existe una voluntad de conciliar. Por ello, los ministros Iván Hunter Ampuero, Michael Hantke Domas y Sibel Villalobos Volpi, determinaron suspender la audiencia y fijar una nueva fecha.
Durante este período, el demandante y los demandados deberán elaborar una propuesta de bases de conciliación, la que deberá ser entregada con, al menos, 10 días de anticipación de la audiencia, para que el Tribunal las revise y, si es necesario, proponga modificaciones.
Además, y a petición del demandante y los demandados, el Tribunal determinó dejar sin efecto una parte de la medida cautelar dictada en diciembre de 2018, condicionado a lo que se exponga en la audiencia de 11 de septiembre respecto del acuerdo conciliatorio.
Según el CDE, en representación del MOP, dicha medida entrabaría el avance del Programa de Desarrollo Social asociado a la RCA del proyecto, limitando su implementación para otros habitantes del sector que han aceptado las medidas propuestas por el Fisco y la empresa concesionaria.
Por ello, el Tribunal determinó modificar la medida en el sentido de no hacerla extensiva a las personas que quieran adherir voluntariamente al Plan de Desarrollo Social contemplado por el Proyecto como mecanismo de compensación, hasta lo que resulte de la discusión del acuerdo en la audiencia de 11 de septiembre de 2019. De no producirse acuerdo en dicha oportunidad, se retomará la discusión de la medida cautelar.
“Hoy el tribunal llamó a las partes a conciliación y las partes manifestaron algún interés en producir esta conciliación, de modo que el tribunal decidió suspender la audiencia hasta el 11 de septiembre próximo, donde las partes deberán ratificar ante el tribunal o proseguir con el juicio si es que no han llegado a algún acuerdo entre ellas. Uno de los requisitos es que ese acuerdo, si es que está finalizado, se presente diez días antes, de modo que el tribunal pueda velar por la protección del medio ambiente”, explicó el ministro Hantke.
Por su parte, el abogado de la concesionaria, Julio Recordón, señaló que “ratificamos que hemos conversado y que existe ánimo de las partes en el sentido de estudiar las bases de un acuerdo. Por lo tanto, la demandante propondrá estos puntos para que sean discutidos, posteriormente analizados por el MOP, por nuestra parte y conversados con el demandante”.
Al respecto, el seremi de Obras Públicas, Cristóbal Jardúa, afirmó que “efectivamente se suspendió la audiencia hasta el 11 de septiembre con la finalidad de estudiar las bases para una eventual conciliación entre las partes y como este es un proyecto muy importante para nuestra región, estamos siguiendo de cerca el proceso y atentos a lo que nos diga el Consejo de Defensa del Estado”.
