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Las cifras son claras. De enero del 2018 a junio del 2019 se han sustraído más de 500 mil metros de cable de cobre, lo que significa numerosos días en el año en que diversas localidades de Ñuble se quedan sin luz y una pérdida económica cercana a los $335 millones para las empresas responsables.
Es por esta razón que ayer la fiscal regional, Nayalet Mansilla, anunció oficialmente que el Ministerio Público Regional declaró este tipo de robos en bienes nacionales como de investigación prioritaria y nuevo Foco Investigativo, sumándose así al robo de catenarias que se investiga desde Ñuble también para las regiones de O’Higgins y Maule.
“La idea es atacar no solo el robo, sino también el mercado informal, de manera de poder establecer cuáles son las bandas que están detrás delitos”, dice la fiscal regional, quien precisó que las fiscalizaciones, que estarán en manos de Carabineros y la PDI incluirán revisiones periódicas a los locales de compra y venta de cables y fierros existentes en la zona y en comunas aledañas a la región, como es el caso de Yumbel.
Tratándose de un delito de compleja persecución, por ocurrir en zonas despobladas, y que además, según estadísticas de la Fiscalía, se genera primordialmente en horas de la madrugada, el fiscal Álvaro Hermosilla, jefe del grupo Foco, explica que la fiscalización requiere de un trabajo mancomunado entre ellos, las policías, las empresas afectadas y la propia comunidad.
“Y también se debe realizar el análisis de mercado, donde se reduzcan estas especies. La idea es, entonces, atacar tanto al inicio de la cadena delictual, como al final”, agrega.
Los lugares más afectados
A nivel regional, las zonas más afectadas por el robo de cables se concentran en la Provincia de Diguillín, puntualmente en Pemuco, Yungay y El Carmen.
El seremi de Energía, Enrique Rivas, destaca: “Estamos buscando que se reduzcan los tiempos de cortes, lo que pasa por un tema de inversiones que estamos viendo con las empresas. Los tiempos de respuesta hace 45 días no eran presentables, hoy las empresas han hecho un trabajo que ha permitido mejorarlos. Antes lo que se demoraba 72 horas, hoy toma 10”.
Desde la PDI, el prefecto Marcelo Mendoza agrega que “para realizar este tipo de delito se requiere de una especialización, lo que hace presumir que la pudieron haber adquirido desde las mismas empresas eléctricas”, con lo que no se descarta investigar incluso desde dentro de las mismas firmas afectadas.
El general Mario Sepúlveda, jefe de la XVI Zona de Carabineros, añade que “es importante que las propias empresas se hagan cargo de su seguridad, como por ejemplo instalando cámaras en las zonas más afectadas”.
