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En el río Ñuble, los regantes esperaron décadas hasta que el Gobierno decidió priorizar el proyecto La Punilla, sin embargo, ya han pasado nueve años desde su aprobación ambiental y tres desde que se adjudicó el contrato de concesión a la empresa italiana Astaldi, y hasta ahora ni siquiera se ha podido cumplir el hito de la instalación de faenas.
Según el último cronograma, las obras debieran comenzar este año, pero a la luz de los retrasos que ha enfrentado, principalmente en el proceso de relocalización de las familias expropiadas, hoy nadie se atreve a asegurar que efectivamente eso ocurrirá.
Precisamente dichas familias interpusieron en noviembre pasado una demanda ante el Tribunal Ambiental, que a través de una orden de no innovar paralizó los desalojos que había solicitado el Ministerio de Obras Públicas, y en consecuencia, desde ese momento el proyecto no puede avanzar en su obra física.
A ello se suman los problemas financieros de la concesionaria, lo que ha puesto en duda su continuidad en el proyecto, y la reciente reclamación de Astaldi ante el panel técnico de Concesiones, en que pide una compensación por la diferencia de cálculo en la estimación de la capacidad de almacenamiento del embalse.
Y mientras los regantes de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble se muestran cada más inquietos por la serie de tropiezos y apuntan al MOP como responsable, desde el Ministerio reafirman el compromiso gubernamental con el megaproyecto -el mayor de la región- y apuntan a Astaldi como el único culpable de la dilación del inicio de obras.
Llama la atención el cambio de tono en el discurso del MOP, ya que ahora reconoce abiertamente que no está satisfecho con la forma en que Astaldi ha llevado adelante el proyecto. De hecho, ya están evaluando distintos escenarios que se resumen en la frase “el embalse se construye sí o sí, con o sin concesionaria”, vale decir, que el Estado está dispuesto no solEo a ponerle fin anticipado al contrato con Astaldi, sino que también a ejecutarlo directamente, como un proyecto público, lo que podría abrir un debate sobre la fórmula de la concesión para este tipo de proyectos.
Lamentablemente, y según reconoció el subsecretario Lucas Palacios, el MOP no puede poner término anticipado al contrato, porque en la práctica no ha existido ningún incumplimiento contractual.
Pero el problema de fondo no es Astaldi, sino la capacidad del MOP de gestionar un proyecto adecuadamente, porque no ha estado monitoreando de cerca el trabajo del concesionario, porque sus autoridades se confiaron en que la concesión era una externalización de servicios, y porque no ha existido una voluntad real, que se exprese en hechos y en decisiones, de avanzar con el proyecto. Al menos, hasta ahora.
En ese sentido, cuesta entender que en Ñuble, una región con tres proyectos de embalse que prometen potenciar su economía, no exista un equipo dedicado exclusivamente a darle seguimiento a estas iniciativas.
Ñuble necesita embalses, pero también necesita de certezas, y en eso el MOP sigue estando al debe.
