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El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, se comprometió ayer, durante la reunión que sostuvo con los dirigentes de los agricultores “blancos” de Bulnes y San Ignacio, a consultar con la fiscal del MOP si es factible legalmente financiar las obras pendientes del canal Laja-Diguillín, a través del DFL 1123 de grandes obras de riego, tal como lo solicitan los agricultores.
Ello, debido a que buena parte de la inversión para llegar con agua a los predios de secano consiste en la habilitación y adecuación de canales privados.
En la cita, a la que asistieron los dirigentes César Valenzuela y César Baeza; el juez de aguas de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, Francisco Saldías; el alcalde de Bulnes, Jorge Hidalgo; y el diputado Jorge Sabag; el secretario de Estado se comprometió a presentar en dos semanas un plan de inversiones para abordar este proyecto, que representará una inversión superior a los $50 mil millones.
En los últimos meses, la concreción de las obras pendientes del sistema Laja-Diguillín se ha visto entrampada por la discusión en torno a la fórmula de financiamiento, pues mientras los “blancos” y los regantes del Diguillín sostienen que se debe hacer a través del DFL 1123, tal como se hizo con el canal Laja-Diguillín; tanto en el MOP, como en la Comisión Nacional de Riego (CNR) y en el Gobierno Regional han planteado que se debe abordar con distintos instrumentos, principalmente, a través de los concursos de riego de la CNR de la Ley 18.450.
Fue en ese contexto que el 13 de mayo pasado los dirigentes de los “blancos” se reunieron con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para solicitarle que coordinara a las carteras involucradas en torno a la fórmula de financiamiento.
El argumento principal de los “blancos” para oponerse al financiamiento a través de fondos concursables, es que ese proceso dilataría en décadas la solución -porque los recursos que se manejan son escasos-, y que la postulación requiere que el agricultor cofinancie el proyecto, “algo imposible para nosotros, que somos pequeños agricultores de secano, no tenemos esos recursos”, manifestó César Valenzuela.
En diciembre pasado concluyó el estudio de ingeniería contratado por la Dirección de Obras Hidráulicas en 2013; en marzo pasado, el MOP priorizó el proyecto; y en abril hizo lo propio el Consejo de Ministros de la CNR. En mayo, en tanto, la iniciativa fue incorporada en el Plan Ñuble. Ello, debido a su alta rentabilidad social, pues permitirá regar 9.700 hectáreas, beneficiando a 1.882 agricultores, que tienen, en promedio, 5,1 hectáreas.
Según explicó Francisco Saldías, si bien el proyecto original se resolvió financiarlo a través del DFL 1123, incluyendo las mejoras en los canales privados, “lo que en su momento fue visado por Contraloría”, existe la preocupación a nivel ministerial por la legalidad de invertir recursos públicos en propiedad privada.
“El ministro nos dijo que pese a los decretos anteriores, él necesita tener la certeza sobre esto, por eso le solicitará la opinión a la fiscal del MOP”, expresó Saldías, quien detalló que la rentabilidad del proyecto está calculada a partir del mejoramiento de los canales existentes, “porque no tiene sentido construir 50 kilómetros de canal para llegar a un predio de 15 hectáreas”.
Tanto Saldías como el alcalde de Bulnes se mostraron satisfechos al salir de la reunión. “Tenemos la esperanza de que se avanza por el camino correcto y que pronto tendremos una solución”, comentó Hidalgo.
A su vez, Saldías lamentó que “se hayan perdido valiosos meses en esta discusión, pero creemos que la decisión del ministro es muy sensata”.
