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El martes a puertas cerradas el Ministerio Público liderado por el fiscal nacional Jorge Abbott, se reunió con la Conferencia Episcopal (Cech), representada por los obispos Fernando Ramos y Juan Ignacio González-que figuran en la lista de renunciados-, además de la presidenta del Consejo de Prevención de Abusos, Ana María Celis. El objetivo de la reunión fue firmar un convenio de colaboración para el intercambio de información de denuncias entre la Cech y la Fiscalía, institución que investiga desde hace un año los presuntos casos de encubrimiento de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica.
El acuerdo provocó la inmediata reacción de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y la Fundación para la Confianza, representada por los denunciantes de Fernando Karadima, quienes lo calificaron como “un golpe a la confianza en el Ministerio Público y una artimaña del Sr. Ramos y la Sra. Celis para mejorar la imagen de la Cech”, según palabras de James Hamilton a la salida de la reunión que el viernes sostuvieron con el fiscal nacional, para clarificar la razones por las que se habría pactado con la Iglesia.
Los puntos cuestionados del convenio, que Fernardo Ramos, secretario de la Cech, consideró “que va más allá de la ley”, se vinculan a que además del compromiso a comunicar a la Fiscalía las denuncias recibidas que afecten a menores y personas en situación de discapacidad, la Iglesia también podrá recibir antecedentes. “El Ministerio Público se compromete a entregar al Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Cech información sobre causas de delitos de carácter sexual cometidos por clérigos diocesanos, siempre que no vulneren lo dispuesto en el artículo 182 del Cógido Procesal Penal”, detalla el documento.
Otro apartado controvertido del acuerdo es el secreto de los allanamientos, lo que impediría que el material incautado pueda ser usado por las víctimas en favor del juicio. “Si un fiscal estima que es necesario para el éxito de la investigación solicitar al juez competente una orden judicial de entrada, registro e incautación, deberá adoptar todas las medidas para evitar que terceras personas ajenas al procedimiento tengan conocimiento de la medida”, garantiza el Ministerio Público a la Cech.
Rechazo de víctimas
Silvana Bórquez, denunciante del excura Jorge Baeza -San Juan de Dios- y miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, asistió a la reunión con el fiscal Abbot, en compañía de Helmut Kramer, José Andrés Murillo, James Hamilton y el abogado de Fundación para la Confianza, Juan Pablo Hermosilla.
Bórquez enfatizó que “existe una ley votada y aprobada de manera unánime por senadores y diputados, en relación a la obligatoriedad de iglesias de cualquier tipo de credo, específicamente la Católica, de denunciar a la justicia civil, cada vez que se enteren de una abuso sexual de niñas, niños, adolescentes y de adultos vulnerables. Que se emita esta convenio ad portas de promulgarla, nos parece increíblemente sucio”.
Agregó que “el hecho de que se reúnan a puertas cerradas el fiscal nacional junto al secretario de la Conferencia Episcopal invitando a otras congregaciones que también tienen bastantes casos de abuso sexual, en los cuales todavía se está investigando, no tiene un nombre que para nosotros no signifique lavado de imagen, y finalmente no querer aportar a la verdad y a la justicia”.
Bórquez precisó que en la reunión pidieron al fiscal Abbot dejar sin efecto el convenio, pero no existió un compromiso del Ministerio Público para anularlo, sino solo de una revisión. “También les preguntamos de dónde surgió la idea de firmar un convenio con la Cech, pero no hubo una respuesta clara de parte de la Fiscalía”, detalló.
Además hizo hincapié en que “hemos llamado desde la Red de Sobrevivientes a denunciar a la Fiscalía, porque creemos en ella, es el único organismo que nos estaba pareciendo creíble porque escucharon a muchas víctimas y realizaron allanamientos donde la Iglesia no prestó colaboración. Este llamado se nos cae, puesto que con qué cara vamos a poder decir que laFiscalía está siendo derecha con las víctimas. Necesitamos restablecer confianzas, esto es un golpe”.
En tanto, también rechazó el acuerdo la Comisión de Apoyo Integral a Víctimas de Abuso Eclesiástico de Ñuble, región con el mayor número de sacerdotes investigados canónicamente y con ocho sacerdotes indagados por la justicia civil.
La abogada de la Comisión, Pilar Gutiérrez, afirmó que “la señal lamentablemente es la comprobación de que una vez más en Chile existen personas de distinta clase, y que aquí tenemos una agrupación que durante años ha encubierto como lo es la Iglesia Católica, y que hoy encuentra además un partner en la Fiscalía, creemos que esto no es ninguna señal positiva, todo lo contrario, es el reconocimiento institucionalizado del tratamiento especial que tienen los denunciantes y los denunciados en Chile”.
La abogada añadió que “me preocupa que el acuerdo sea solo respecto a menores y personas con discapacidad, y se deje fuera a un grupo importante de mujeres y hombres que siendo adultos han sido abusados, por lo tanto estamos estudiando alguna alternativa legal para oponernos a este convenio que tiene una sutileza que puede llevar a una cosa muy grave, pues cuando los sacerdotes deciden voluntariamente no denunciar son encubridores, están cometiendo un delito, según esto hoy el encubrimiento tendría la calidad de incumplimiento de contrato, lo vamos a llevar hasta esa arista. Esperamos que Abbott a la brevedad pueda explicarle a Chile por qué él abusando de su poder toma estas decisiones en que claramente termina perjudicando aún más a víctimas”.
