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Bien sabemos que la creación de la Región de Ñuble y su posterior instalación han estado marcadas por un fuerte respaldo del Ejecutivo, traducido primero en la aprobación del proyecto de ley que nos separó de Biobío y luego, en esta administración, en un presupuesto regional robusto y que por primera vez se decide localmente.
En sus primeros siete meses de funcionamiento el Gobierno Regional ha aprobado sesenta y seis proyectos que totalizan alrededor de $61.481.540.000. Al igual como era hasta 2018, se trata de fondos que no serán transferidos inmediatamente, sino que están comprometidos y debieran ser entregados en diversas fases a municipios y organismos públicos favorecidos. Pero lo relevante es que totalizan más del doble de lo que se destinaba anualmente cuando Ñuble era provincia, y continuarán incrementándose en las próximas semanas y meses, pues el organismo seguirá revisando iniciativas comunales o de interés regional para su aprobación final.
Este positivo escenario conlleva también importantes responsabilidades y desafíos para la gestión de los recursos, asignando los proyectos en tiempo oportuno, realizando el control y fiscalización adecuados para que éstos se realicen de acuerdo a las necesidades locales, pero más importante aún es la mirada que a partir de estas obras se realice a largo plazo para potenciar el crecimiento y desarrollo de la nueva Región.
Se requiere, en consecuencia, que la inversión de estos fondos se inserte en una estrategia regional de desarrollo que aún no existe, pero que está en vías de construcción. De hecho, esta semana debería resolverse qué institución de las tres postulantes (UBB-UdeC, U. de Chile y la consultora Soval) se adjudica la ejecución de este instrumento que es prioritario para una eficiente focalización de los recursos fiscales, pues debe ser la base para que se gasten de manera lógica y con visión de futuro y no solo como soluciones puntuales.
Lo que se ha visto hasta ahora va en esa dirección, pues los proyectos de mayor envergadura y convenios de programación con ministerios y entidades nacionales, apuntan a comenzar a resolver aspectos críticos en materia de infraestructura y su correlato en desempleo, pobreza y falta de oportunidades.
Resulta también positivo el acercamiento de la gestión del gobierno regional a las comunas, pues es deseable que se genere una mayor intensidad de la relación del aparato público con el territorio y la gestión se acerque más a la realidad cotidiana de los ciudadanos y sus organizaciones.
Debemos entender que no todos los problemas de Ñuble se resolverán con recursos fiscales, pero sin duda, estos primeros siete meses de vida independiente han insinuado que se puede avanzar mucho más y mejor en equidad, inversión pública y participación local en decisiones que afectan el bienestar de todos los habitantes de la nueva Región.
