Algo no está funcionando bien en nuestro país. Desde distintas realidades de nuestro sistema económico y social, podemos observar cómo en Chile se han profundizado las contradicciones que sustentan el contrato social.

Para muestra, algunos botones. En materia de salud, Chile cuenta con un sistema de salud privado que se esmera en generar una completa red asistencial y de hospitalización a pacientes sanos.

En contrapartida, en el sistema de salud pública, los enfermos de gravedad deben agudizar su ingenio para mantenerse con vida mientras esperan pacientemente su turno de atención.

En materia de transporte el estado genera enormes esfuerzos para mejorar el transporte público, donde en el último tiempo ha presupuestado subsidios permanentes por 900 mil millones de pesos al año para mantener las tarifas.

Mientras tanto, la población rehúye el uso del transporte público evidenciado en el aumento del parque automotriz, el cual ha mostrado un crecimiento de un 60% durante los últimos diez años y, se proyecta, un crecimiento de 87% para los próximos 15 años.

En materia del sistema financiero, las familias de mayores ingresos, las cuales requieren con menor urgencia acceder al mercado financiero, acceden a tasa preferenciales de créditos con costos que no superan el 20% de carga anual equivalente.

En contrapartida, las familias de menores ingresos, las cuales requieren con mayor urgencia liquidez para financiar bienes y servicios de primera necesidad, obtienen préstamos con tasas que superan el 100% anual de carga Anual Equivalente.

En materia de riesgo de incumplimiento, mientras las familias de mayores ingresos extinguen las deudas de bancarrota en la liquidación de activos de sociedades conformadas mediante personalidad jurídica, las familias de bajos ingresos mantienen a perpetuidad los compromisos financieros de la bancarrota, aun cuando se liquide la totalidad del patrimonio de las personas naturales afectadas.

En cuanto a la acumulación de capital humano, mientras el país ha asignado importantes recursos a la educación superior formando un número creciente de profesionales universitarios, la industria encuentra una creciente dificultad para encontrar trabajadores de nivel técnico con alta especialización para el uso eficiente de las nuevas tecnologías.

En materia tributaria, la clase media profesional asalariada aporta generosos recursos al erario nacional a través del pago de impuestos. Este grupo de contribuyente, sin alternativas para deducir parte de la carga tributaria, enfrenta un escenario con cero retorno y cero participación de la red de beneficios que entrega el Estado.

En definitiva, nos hemos acostumbrado a vivir en un país de contradicciones, donde en muchas ocasiones es evidente la desconexión entre los servicios que el Estado provee, con las reales necesidades que reclama y merece la comunidad.