La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, comenzó a mostrar las diferencias que existen entre los diputados de Ñuble. En especial, respecto de los fundamentos que sustentan el libelo y la responsabilidad que le atribuyen al secretario de Estado por los decretos que concedieron rebajas de condena a personas condenadas por delitos graves (entre ellos, abuso de menores).
Aunque existe coincidencia en el cuestionamiento político a las decisiones adoptadas por el ministro, las posiciones se distancian al momento de evaluar si éstas constituyen efectivamente una infracción a la Constitución y las leyes. Una discusión que también se instaló entre los integrantes de la comisión encargada de revisar la acusación, de la cual forma parte el diputado local, Carlos Chandía (RN).
El parlamentario manifestó sus reparos frente a la actuación de Rabat, calificándola como un “profundo error político” y sostuvo que el ministro debió dar un paso al costado. Sin embargo, marcó una diferencia entre ese juicio y la responsabilidad constitucional que busca establecer la oposición.
A su juicio, el cuestionamiento político no se traduce automáticamente en una infracción constitucional. En esa línea, planteó la necesidad de revisar los antecedentes con prudencia y sin anticipar conclusiones. Respecto de los capítulos del libelo, advirtió que los dos primeros no contarían, a su entender, con fundamentos suficientes, mientras que el tercero presenta mayores elementos de controversia.
Respaldo a la AC
Desde el Partido Socialista, el diputado Francisco Crisóstomo sostuvo que el rechazo a la actuación de Rabat se fundamenta tanto en las consecuencias de las rebajas de condena como en el incumplimiento de disposiciones legales que, a su juicio, eran conocidas por el ministro.
“Nuestro rechazo ha sido claro desde el momento en que se dieron a conocer las rebajas de condena que otorgó el ministro Rabat mediante decretos administrativos a violadores y abusadores de menores de edad. Esto no solo vulnera a las víctimas, sino que además desatiende deliberadamente la ley del año 2022 que obliga a rechazar este tipo de solicitudes”, afirmó.
El legislador consideró que existen tres elementos que hacen viable la acusación: las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores, la falta de evaluación individual en los casos de violaciones a los derechos humanos y la entrega de información inexacta al Congreso durante la sesión especial a la que fue citado el ministro.
Para Crisóstomo, estos antecedentes justifican plenamente el libelo y también comprometen la responsabilidad política del Ejecutivo, particularmente por el respaldo que el Presidente de la República ha entregado al titular de Justicia.
“Con el respaldo del Presidente de la República al ministro, el Gobierno no solo no asume la responsabilidad política, sino que entrega una señal de impunidad”, sostuvo.
La Discusión consultó al respecto al diputado ind.-DC, Felipe Camaño, pero no hubo respuesta.
Diferencias en el oficialismo
Una posición distinta expresó el diputado Cristóbal Martínez (UDI), quien reconoció que desde un comienzo existió desacuerdo con la decisión del ministro, pero cuestionó que la oposición haya optado por una acusación constitucional.
“Desde un comienzo manifestamos nuestro desacuerdo con esta decisión, porque consideramos que fue un evidente error político. Por lo mismo, tanto el Gobierno como el propio ministro Rabat han trabajado para enmendarlo”, aseveró.
Sin embargo, el parlamentario enfatizó que el reconocimiento de una equivocación política no equivale necesariamente a una infracción constitucional, distinción que considera central para evaluar la procedencia del mecanismo fiscalizador.
“Reconocer un error político no significa que se haya cometido una infracción constitucional. Son dos cosas completamente distintas. Por lo tanto, la acusación presentada por la oposición es completamente inoportuna”, agregó.
La diputada Sara Concha (Partido Cristiano), en tanto, manifestó sus reparos iniciales respecto de los fundamentos jurídicos de la acusación. A través de sus redes sociales, señaló que, en una primera revisión, al libelo “le faltaría argumentación jurídica”.
La parlamentaria puso el acento en la necesidad de cerrar el vacío legal que permitió que condenados por abuso sexual contra menores accedieran a rebajas de condena. En esa línea, recordó que presentó un proyecto de ley y una reforma constitucional para impedir que situaciones de este tipo se repitan.




