Una indemnización de $2 millones por daño moral deberá pagar un colegio de Chillán a una exdocente, luego que la Corte de Apelaciones de esta ciudad acogiera parcialmente el recurso de nulidad presentado por la trabajadora.
Según el fallo, dictado el 16 de noviembre, se acreditó que la profesora recibió instrucciones para faltar a la verdad sobre la situación académica de un alumno, familiar de uno de los sostenedores, que no asistía regularmente a clases. Ante su negativa, la dirección pasó por alto su criterio profesional y modificó la calificación mínima que había registrado.
Posteriormente, durante una licencia médica de la docente, las notas fueron nuevamente alteradas, permitiendo la promoción del estudiante.
Los ministros establecieron que estas actuaciones constituyeron un incumplimiento grave de las obligaciones del empleador y provocaron consecuencias en la salud mental de la profesora, quien trabajó cerca de diez años en el establecimiento y requirió atención psicológica y licencias médicas.
La Corte corrigió así el criterio del tribunal laboral de primera instancia, que había reconocido la afección y su relación con la conducta del empleador, pero rechazó indemnizarla por falta de antecedentes sobre la intensidad del sufrimiento. Para los magistrados, ese aspecto permite determinar el monto, pero no desconocer un daño acreditado.
Aunque la demandante solicitó $17 millones, el tribunal fijó prudencialmente la compensación en $2 millones. Además, rechazó el recurso de la corporación educacional Altazor y mantuvo las indemnizaciones por tutela laboral y despido indirecto, incluidos ocho sueldos adicionales, aviso previo, años de servicio y recargo legal del 50%.




