Como uno de los cinco integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el diputado por Ñuble, Carlos Chandía (RN), tendrá un papel clave en el análisis del libelo que busca establecer eventuales responsabilidades constitucionales del secretario de Estado. Esto, luego que firmara controvertidos decretos de rebaja de penas a condenados por abusos sexuales a menores.
Aunque el legislador ha cuestionado duramente su manejo político del caso, el parlamentario insiste en que ambas evaluaciones deben mantenerse separadas. De hecho, la comisión acaba de solicitarle a Rabat un listado público y enumerado de los decretos cuestionados, antecedente que servirá para profundizar el examen de la acusación.
-¿Cuál es el ambiente al interior del oficialismo de cara a la votación de la AC en la Cámara? ¿Existen presiones para no apoyarla?
-Me parece que hay un ambiente de prudencia, y de estudiar la acusación constitucional en su mérito. Como parlamentarios estamos llamados a aquello; más que adelantar juicios o posiciones, tenemos que abocarnos a estudiar y evaluar el texto, y lo que se produzca al interior de la comisión revisora de la cual soy parte. En lo personal, no he tenido ningún tipo de presión para actuar, tampoco lo permitiría. Entiendo que el Presidente se ha contactado con algunos diputados para conocer su opinión, lo que me parece está dentro del rol de un mandatario.
-Ud. manifestó una opinión contraria al actuar del ministro Rabat, pero ha dicho que eso no influirá en su trabajo al interior de la comisión revisora. ¿Mantiene esa afirmación?
-La mantengo. Sigo creyendo que el ministro Rabat debió dar un paso al costado una vez se conoció el caso de las rebajas de penas. El error político fue mayúsculo, pero eso no es sinónimo automático de una falta constitucional. Vale hacer la distinción. Nuestro sistema establece que es el Presidente de la República quien conforma su gabinete, pero como diputado he hecho notar que la permanencia del ministro ha agudizado la conmoción en la ciudadanía, en las víctimas y, por añadidura, ha generado complicaciones enormes en la propia gestión del Ejecutivo y en los partidos que dan sostén al gobierno.
-¿Cree que la situación del ministro Rabat pudo haberse evitado? ¿Hubo, a su juicio, falta de comunicación entre autoridades o un posible actuar negligente por parte del ministro?
-Insisto, la actuación del ministro tiene como base un profundo error político. Los días posteriores a la publicación del reportaje que dio a conocer el caso tampoco permitieron clarificar el tema a nivel comunicacional. En esto, no hay muchas dudas, el propio gobierno lo reconoció. Lo que queda por evaluar es si el ministro transgredió la Constitución y las leyes. Son cosas distintas. En estos días hemos escuchado y leído a varios abogados, como se dice, muy conocidos de la plaza, indicar que la acusación no reúne los elementos suficientes para destituir al ministro. Hay bastante coincidencia en que los dos primeros capítulos no demuestran un actuar al margen de la Constitución, si bien efectivamente marcan un error político. En el tercero hay miradas más diversas y seguramente durante la comisión revisora esto se irá dilucidando.
-Independiente del futuro de la AC, ¿Cree necesario un ajuste ministerial antes de enero, como lo ha anunciado el gobierno?
-En mi opinión, al gobierno le falta mayor conducción política y coordinación dentro del gabinete. Hay un cúmulo de errores que son no forzados, entonces pudieron haberse evitado. Cuando la ciudadanía recibe mensajes difusos y ve que el relato ya no es tan sólido como en campaña, lógicamente se siente defraudada. Aún se está a tiempo de enmendar y abrir mayores canales de diálogo, estar más presente en terreno y apoyarse en las fuerzas políticas que han tenido experiencia de gobierno en el pasado.
-Si bien es una facultad de los parlamentarios presentar acusaciones constitucionales, ¿Cree que en el actual escenario político, el libelo contra Rabat pudiera atrasar otros proyectos urgentes para la ciudadanía?
-No debiese ser así. Por lo pronto, en la sesión de conformación de la comisión revisora acordamos sesionar en paralelo a la Sala, y no dilatar sin razón este proceso. El ministro también adelantó su voluntad de generar su defensa y presentarse en los próximos días, creo que lo hará antes de los 10 días que establece la ley. Me parecería un despropósito que, por ejemplo, la oposición utilice esta acusación como un mecanismo de presión para no sacar otros proyectos. Y más allá de la situación del ministro de Justicia, me parece que hay que replantearse el papel que se les está dando a las acusaciones constitucionales.




