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Más que penas

Carabineros

 

Señor Director:

El endurecimiento de las penas contra quienes reclutan menores para delinquir constituye un avance necesario frente a la explotación criminal de la juventud. Sin embargo, confiar exclusivamente en el rigor penal es una respuesta incompleta si no se atacan las raíces estructurales del problema.

El castigo al reclutador resulta estéril si los barrios continúan sumidos en la pobreza, la exclusión, la estigmatización y la falta de oportunidades. En entornos donde las escuelas carecen de herramientas para asegurar la movilidad intergeneracional, el desamparo empuja a los propios jóvenes a convertirse en activadores de conductas delictivas o en víctimas tempranas del consumo de sustancias y el hurto.

Para que la sanción tenga un impacto real, debe articularse con una estrategia integral de prevención comunitaria. Esto exige que las escuelas detecten precozmente manifestaciones complejas de riesgo, que la sociedad civil fortalezca el tejido social en las poblaciones y que los gobiernos regionales financien alternativas efectivas de desarrollo, tales como programas deportivos, formativos y de orientación vocacional.

En conclusión, enfrentar este fenómeno demanda comprender la multiplicidad de factores que condicionan la vida en los barrios más vulnerables. La fiscalización y la cárcel para los adultos que instrumentalizan a la infancia son indispensables, pero sin una presencia estatal que garantice educación, contención y futuro, las redes delictivas seguirán encontrando un terreno fértil para el reclutamiento.

Juan Castañeda

Investigador Universidad Autónoma

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