Señor Director:
El Plan Regional contra el Crimen Organizado de Ñuble, elaborado durante la administración anterior y actualmente en ejecución, contempla acciones de prevención, control y persecución de delitos priorizados. Por ello, preocupa el énfasis comunicacional otorgado a las fiscalizaciones migratorias en predios agrícolas.
La fiscalización del Servicio Nacional de Migraciones y la Inspección del Trabajo es legítima y necesaria. Sin embargo, resulta cuestionable que la Seremi de Seguridad Pública difunda imágenes de trabajadores extranjeros en el contexto de acciones vinculadas al crimen organizado, sin distinguir claramente entre infracciones administrativas y delitos.
La condición migratoria irregular no constituye, por sí misma, un delito ni acredita vínculos con organizaciones criminales. Asimismo, resulta fundamental fortalecer los controles sanitarios, laborales y de habitabilidad, protegiendo por igual a trabajadores chilenos y extranjeros.
La Seremi de Seguridad Pública tiene la responsabilidad de comunicar con rigor técnico, evitando asociaciones que puedan generar estigmatización o percepciones equivocadas sobre los fenómenos delictivos.
La seguridad pública requiere resultados verificables, coordinación institucional y responsabilidad comunicacional, no solo visibilidad mediática.
María Paz Andrades Soto
Ex Encargada de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Ñuble




