En materia de incendios forestales, la mayor amenaza para Ñuble no es la falta de brigadas ni de aeronaves, sino la tentación de creer que basta con tenerlas listas para cuando llegue el fuego. La presentación del Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027 pone sobre la mesa una tarea que no admite postergaciones: reducir los riesgos antes de que el calor, el viento y la vegetación seca compongan el escenario perfecto para la emergencia. La región conoce bien el precio de no hacerlo, con vidas humanas perdidas y viviendas, infraestructura, actividades productivas y ecosistemas arrasados. La prevención debe ocupar, por tanto, el centro de la estrategia pública y no quedar subordinada a la respuesta una vez iniciado el siniestro.
El despliegue previsto es, en efecto, significativo. El plan contempla 197 brigadistas repartidos en 20 unidades, siete aeronaves, maquinaria especializada y tecnología de televigilancia para detectar el fuego a tiempo. A ello se suman 700 empleos extraordinarios para labores de mitigación, despeje de vegetación y construcción de cortafuegos en los sectores de riesgo. Es un refuerzo considerable de las capacidades regionales ante una temporada que puede volver a poner a prueba a los equipos de emergencia y a las comunidades.
Los recursos, por sí solos, no garantizan una temporada menos destructiva. La experiencia demuestra que la capacidad de combatir un incendio, por grande que sea, tiene límites claros cuando el clima favorece su propagación y las llamas alcanzan zonas pobladas. La eficacia real de una política de protección se mide por su habilidad para evitar que el fuego comience, impedir que se extienda y reducir la exposición de las personas y sus bienes.
En ese terreno, los 700 puestos de trabajo preventivo son una de las medidas más relevantes del programa. Y también una de las más frágiles. Su aporte dependerá de que las faenas se ejecuten a tiempo y respondan a una planificación territorial que identifique los sectores más vulnerables. No sirve despejar vegetación a granel. Hay que priorizar la interfaz urbano-rural, los caminos de acceso, los entornos de viviendas aisladas y las zonas donde la actividad agrícola y forestal multiplica el material combustible.
Esa tarea exige, además, una coordinación permanente entre Conaf, Senapred, municipios, propietarios de predios y empresas forestales. Cada actor tiene responsabilidades que no pueden diluirse en una convocatoria genérica a la colaboración. La limpieza de terrenos, el mantenimiento de cortafuegos, el manejo de residuos vegetales y la disponibilidad de vías de evacuación requieren compromisos verificables y fiscalización. La prevención solo es real cuando se traduce en acciones concretas, con plazos, responsables y seguimiento.
También resulta indispensable reforzar la planificación comunal. Los municipios conocen sus territorios mejor que nadie y pueden identificar asentamientos expuestos, caminos vulnerables y sectores donde una emergencia comprometería servicios básicos. Esa información debe integrarse a los planes de prevención y evacuación, junto con sistemas de alerta que permitan actuar con antelación. La preparación de las comunidades, sobre todo en el mundo rural, pesa tanto como la disponibilidad de aeronaves y brigadas.
Ñuble combina una intensa actividad silvoagropecuaria, numerosas localidades rurales y amplias zonas de interfaz donde conviven viviendas, cultivos y plantaciones forestales. Esa realidad obliga a una política preventiva durante todo el año, no solo en los meses de mayor riesgo. La temporada de incendios no empieza cuando se declara la emergencia: su desenlace se decide mucho antes, con decisiones de ordenamiento territorial, manejo de vegetación, fiscalización y educación.
