La aprobación de la ley que flexibiliza el traspaso de los establecimientos educacionales municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) abre una oportunidad para revisar con mayor atención los criterios que deben orientar la transformación de la educación pública. La posibilidad de que municipios con buenos indicadores financieros y educativos puedan postergar su incorporación hasta 2035 reconoce una realidad que no debiera ignorarse: no todas las comunas tienen las mismas capacidades de gestión ni han obtenido los mismos resultados.
En Ñuble, los casos de El Carmen y San Nicolás ilustran esta discusión. Ambas comunas han manifestado su intención de mantener la administración municipal de sus establecimientos, respaldadas por trayectorias educativas que consideran exitosas y por resultados que, a su juicio, justifican la continuidad de sus modelos. La nueva normativa les entrega una posibilidad concreta de hacerlo, siempre que cumplan las condiciones establecidas.
Más allá de las legítimas aspiraciones de los municipios y de la discusión sobre cuál es el modelo administrativo más conveniente, el debate debe centrarse en una pregunta fundamental: ¿qué alternativa garantiza una mejor educación para los estudiantes?
El traspaso a los SLEP fue concebido como una reforma estructural destinada a superar las limitaciones que durante décadas presentó la administración municipal, especialmente en materia de financiamiento, capacidades técnicas y desigualdades entre comunas. Su propósito no fue simplemente cambiar la dependencia de los establecimientos, sino fortalecer la educación pública, mejorar las condiciones de enseñanza y ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje, independientemente del lugar donde vivan los alumnos.
Por eso, flexibilizar los plazos puede ser una decisión razonable cuando existen municipios que demuestran buenos resultados y capacidad para sostener sus sistemas educativos. Obligar a una comuna a abandonar una gestión que funciona, sin acreditar que el nuevo modelo producirá mejores resultados, tampoco parece una buena política pública. Pero sería igualmente equivocado concluir que una administración municipal exitosa constituye, por sí sola, una razón suficiente para descartar las ventajas que puede ofrecer un sistema de alcance territorial más amplio.
La calidad educativa no puede medirse exclusivamente por los resultados académicos, la matrícula o el equilibrio financiero. También importa la infraestructura, la estabilidad de los equipos docentes, la disponibilidad de recursos pedagógicos, la inclusión, la convivencia escolar y la capacidad de responder a las necesidades de cada comunidad.
La nueva legislación debiera servir, entonces, para establecer una exigencia más profunda que la mera acreditación de requisitos administrativos. Si un municipio quiere continuar administrando sus establecimientos, debe demostrar que puede sostener y mejorar sus resultados, responder a sus necesidades de infraestructura y garantizar oportunidades educativas de calidad. Del mismo modo, los SLEP deben acreditar que su gestión representa efectivamente un avance para las comunidades que reciben.
La educación pública no puede quedar subordinada a disputas de competencias, defensas institucionales ni calendarios de implementación. La continuidad municipal no debe convertirse en un premio, así como el traspaso a un SLEP tampoco puede entenderse como una garantía automática de progreso.
