Funcionarios de la Contraloría General de la República se constituyeron este miércoles en dependencias del Ministerio de Justicia para recabar antecedentes relativos a los decretos de rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, crimen organizado y por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco, según reveló radio Cooperativa.
La diligencia responde a múltiples requerimientos que ha recibido el ente fiscalizador -por parte de parlamentarios y la Defensoría de la Niñez- para pronunciarse sobre los criterios aplicados en la emisión de dichos beneficios por parte del actual Gobierno.
Al ser consultado en el Congreso, el titular de Justicia, Fernando Rabat, le bajó el perfil a la inspección, al señalar que la “Contraloría General de la República habitualmente está efectuando distintas fiscalizaciones y requiere antecedentes para cumplir con el rol que le asigna la Constitución”.
Desde el oficialismo argumentaron que la acción fiscalizadora se trata de un procedimiento habitual por parte de Contraloría ante solicitudes de pronunciamiento determinado sobre algún tema.
“Naturalmente que la Contraloría tiene que velar por el cumplimiento de la norma. Si ellos como institución estiman que tienen que constituirse en algún lugar en específico, bienvenido sea, y esa también es una de las funciones de la arquitectura jurídica que tiene nuestro país donde distintas instituciones van fiscalizando a otras”, señaló el diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano).
En tanto, desde la oposición afirmaron que la concurrencia física de funcionarios -en vez de un requerimiento formal vía correo electrónico- refleja la delicadeza y severidad de las irregularidades en torno a la rebaja de condenas.
El diputado socialista Raúl Leiva indicó que “el requerimiento de la oposición es (la transparencia) de 56 decretos dictados desde el 11 de marzo, cuando asume el ministro Rabat. Sin embargo, en una función obstruccionista, la derecha le ha pedido todos los decretos”.
En tanto, el diputado Álvaro Ortiz (DC) sostuvo que “la constitución de Contraloría en el Ministerio de Justicia está hablando de que efectivamente se han hecho las cosas mal”.
