El caso del sector Verde Esperanza, en Chillán, vuelve a poner sobre la mesa un problema que se repite en sectores rurales y zonas de la periferia urbana: familias que levantan sus viviendas sin que existan las condiciones de urbanización necesarias para garantizar servicios básicos, caminos transitables y una adecuada calidad de vida.
Detrás de esta realidad hay una aspiración legítima. Contar con una vivienda propia y un lugar donde desarrollar la vida familiar es una meta para miles de personas, muchas veces condicionada por sus posibilidades económicas. Pero ese anhelo no puede desligarse de las exigencias que implica habitar un territorio. Construir una casa no es suficiente si no existen redes de agua potable, accesos adecuados, sistemas de evacuación de aguas lluvias y condiciones mínimas de seguridad.
En Verde Esperanza viven cerca de 30 familias que deben recurrir a camiones aljibe y pozos particulares para abastecerse de agua. A ello se suma el deterioro de los caminos interiores y las dificultades que provoca un canal durante el invierno, con inundaciones que afectan algunas viviendas. Son problemas que comprometen especialmente a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, y que sus habitantes aseguran arrastrar desde hace décadas.
El municipio ha explicado que el sector fue incorporado a la zona de extensión urbana mediante los instrumentos de planificación de 2007 y 2016, pero que su consolidación se produjo principalmente a través de viviendas de autoconstrucción, sin ejecutar integralmente las obras de urbanización. La situación refleja una de las contradicciones más complejas del crecimiento territorial: los límites urbanos avanzan, las viviendas se multiplican y las necesidades de sus habitantes aumentan, pero la infraestructura no necesariamente sigue el mismo ritmo.
La respuesta no puede limitarse a buscar soluciones una vez que los problemas se han instalado. La fiscalización previa resulta fundamental para impedir que se consoliden loteos sin condiciones adecuadas, construcciones que incumplen las normas urbanísticas o subdivisiones que no contemplan las obras necesarias para su habitabilidad. Los organismos competentes deben actuar oportunamente, informar con claridad a quienes compran terrenos y hacer cumplir las exigencias antes de que las familias inviertan sus ahorros en un proyecto que después puede dejarlas expuestas a carencias difíciles de resolver.
La responsabilidad no recae exclusivamente en quienes construyen. También se requiere una planificación que anticipe el crecimiento de las ciudades, una coordinación efectiva entre municipios y organismos sectoriales y alternativas habitacionales accesibles que reduzcan la presión por ocupar terrenos sin urbanización. Cuando el suelo formal resulta inaccesible para muchas familias, el problema exige respuestas que combinen fiscalización, planificación y políticas públicas.
Una vez consolidadas estas comunidades, tampoco es razonable desentenderse de sus habitantes. La falta de regularización de un camino o la ausencia de redes sanitarias pueden dificultar la inversión pública, pero esas limitaciones deben traducirse en una ruta de solución, no en una espera indefinida. En Verde Esperanza, el municipio ha planteado como alternativa extender las redes del Servicio Sanitario Rural Cipreses Boyén, una opción que requiere evaluación técnica, aprobación y financiamiento. Es necesario avanzar en esas gestiones y entregar a los vecinos plazos y respuestas concretas.
Evitar la autoconstrucción sin planificación es mucho más eficaz y menos costoso que intentar corregir sus consecuencias años después. Pero prevenir también significa ofrecer caminos legales y viables para acceder a una vivienda digna.
