La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de mantener en evaluación la incorporación de Chile a la Coalición de las Américas contra las Organizaciones Criminales (A3C), impulsada por el Presidente estadounidense Donald Trump, abrió un debate que cruza la seguridad pública, la política exterior y las atribuciones del Congreso.
La definición quedó pendiente luego de una reunión en La Moneda entre el Mandatario y parte de su gabinete. El Ejecutivo confirmó que la postura oficial sería comunicada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, representante chileno en el encuentro convocado en República Dominicana, el cual culminó ayer. La autoridad se vio envuelta en una polémica al publicar en redes sociales una fotografía viajando a su destino en el avión FACH, la cual le valió un llamado de atención de parte del ministro Claudio Alvarado, y las críticas desde la oposición.
Desde Ñuble, los parlamentarios consultados coincidieron en que el combate al narcotráfico y al crimen organizado requiere coordinación internacional, aunque marcaron diferencias respecto de los tiempos, las condiciones y el procedimiento para concretar una eventual adhesión.
El senador UDI, Gustavo Sanhueza, valoró que el Gobierno optara por actuar con cautela y abrir la discusión política antes de resolver.
“Me parece bien que el gobierno esté tomando lección de situaciones anteriores, se tome con cautela la definición de adherir a esta coalición y quiera sociabilizar con todos los actores políticos para considerar todas las opiniones al respecto”, sostuvo.
A su juicio, la decisión debe adoptarse con información suficiente sobre sus consecuencias. “Hay que analizar cuáles son las implicancias y repercusiones que esto tendría para nuestro país, y saber qué significa pertenecer a este grupo y cuáles serían también los beneficios”, afirmó, junto con expresar su confianza en que se priorizará el interés nacional.
Soberanía y rol del Congreso
Desde la oposición, la senadora PPD, Loreto Carvajal, consideró prudente que el Ejecutivo frenara una definición inmediata y planteó que el debate debe abordarse como una decisión de Estado.
“Primero, debe esclarecerse si participar del A3C requiere habilitación legal”, advirtió. También pidió llevar la discusión a las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras, para examinar sus alcances antes de comprometer al país en una iniciativa hemisférica.
“Estamos ante una decisión de Estado de Chile que podría comprometer nuestra seguridad nacional y soberanía”, sostuvo Carvajal, quien planteó la necesidad de evaluar con seriedad las ventajas y los riesgos de la incorporación.
Una posición favorable a la cooperación, pero también condicionada a conocer los antecedentes, expresó el diputado independiente-DC Felipe Camaño. “El narcotráfico y el crimen organizado ya no son una amenaza lejana. Hoy son un problema de Estado, y para enfrentarlo necesitamos a todos los poderes del Estado en la misma sintonía”, afirmó.
El legislador resaltó que Chile avance en coordinación con otros países, aunque recalcó que antes de adherir deben aclararse las implicancias. “Por eso esperamos que el Ejecutivo traiga pronto esos antecedentes al Congreso y aclare todos los puntos relevantes”, dijo.
En la misma línea, el diputado RN, Carlos Chandía, respaldó la decisión de esperar información y realizar consultas antes de resolver si Chile se incorpora formalmente o continúa como observador.
“Evidentemente resulta relevante trabajar en bloque y coordinadamente frente al narcotráfico y el crimen organizado en la región, pero Chile es un Estado que define su participación en este tipo de grupos considerando tanto su legislación interna como los tratados internacionales vigentes”, señaló.
Chandía también valoró que el Ejecutivo socialice la materia con el Congreso, al que definió como una institución fundamental en asuntos de seguridad nacional.
Decisión que trasciende al Gobierno
La mayor preocupación la expresó el diputado socialista, Francisco Crisóstomo, quien llamó a mantener la prudencia que, a su juicio, debe caracterizar la política exterior chilena, especialmente cuando están comprometidos intereses nacionales.
“Creo que debe mantener extrema prudencia y seguir la línea que caracteriza a Chile respecto de su política exterior, sobre todo cuando se tratan temas que comprometen el interés nacional”, sostuvo.
El parlamentario insistió en que la definición no puede tomarse de manera apresurada ni al margen del Poder Legislativo. “La decisión que se adopte debe ser tratada como política de Estado, no de forma apresurada ni a espaldas del Congreso Nacional”, afirmó.
