El ministro de Justicia, Fernando Rabat, informó la suspensión temporal de la tramitación de decretos que permite la rebaja de condena a violadores de menores de edad.
De acuerdo a lo señalado por el secretario de Estado, junto a los citados decretos, Rabat también instruyó pausar las “medidas legislativas destinadas a impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estos beneficios”, según reveló TVN.
La cartera enfatizó que la acción responde “tras un análisis de la normativa vigente que, según explicó la autoridad, permitió identificar un vacío legal relacionado con la aplicación de las restricciones a las rebajas de condena para personas sentenciadas antes de 2022”.
La institución además afirmó las medidas consideradas para evitar la reiteración de situaciones similares, destacando proyectos de ley con discusión inmediata en el Congreso Nacional.
El anuncio llega después de una férrea defensa del ministro Fernando Rabat, quien presentó las rebajas como una obligación respaldada por la jurisprudencia de la Suprema. Esa explicación fue cuestionada por parlamentarios, abogados y el exministro Jaime Gajardo.
La controversia comenzó tras conocerse que Justicia dictó 56 decretos de rebaja por delitos sexuales contra menores durante la actual administración: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Los antecedentes, revelados inicialmente por Interferencia, provocaron críticas parlamentarias y el anuncio del PC de reunir firmas para interpelar a Rabat.
La explicación ministerial apuntaba a la reforma de 2022 que incorporó exclusiones al beneficio. Según Justicia, la interpretación mayoritaria y reiterada de la Suprema impedía aplicar esa restricción a delitos cometidos antes del 9 de febrero de ese año.
Sin embargo, BioBioChile revisó cuatro causas en que el máximo tribunal respaldó negar el beneficio por hechos anteriores a la reforma, tres resueltas durante el actual gobierno. Esos fallos no demuestran que las 56 rebajas sean ilegales, pero cuestionan que concederlas fuera una respuesta jurídicamente inevitable.
Acusación constitucional
En medio de la controversia, partidos de la oposición evalúan presentar una acusación constitucional contra el ministro Rabat.
Desde el Partido Socialista (PS), el diputado Daniel Manouchehri confirmó que existen antecedentes suficientes para acusar constitucionalmente al ministro Rabat.
“Los beneficios entregados a violadores de niños es algo extremadamente grave. Hay indicios que apuntan a que se dejaron sin aplicación prohibiciones legales al conceder estos beneficios”, remarcó.
