Las rebajas de condena concedidas por el Ministerio de Justicia a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, y a condenados por graves violaciones a los derechos humanos, abrieron un nuevo foco de cuestionamientos al Gobierno, con reacciones transversales desde Ñuble que apuntan tanto a la legalidad de los beneficios, como a la responsabilidad política por su otorgamiento.
La diputada Sara Concha (Partido Cristiano) anunció que impulsará un proyecto de ley para impedir que condenados por abuso sexual y violación de menores accedan a reducciones de pena mediante excepciones o interpretaciones legales. En paralelo, el diputado Francisco Crisóstomo (PS) cuestionó duramente la actuación de la cartera de Justicia y pidió revisar los decretos.
La controversia surgió luego que el medio Interferencia revelara que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de este año, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos exentos que redujeron las condenas de 27 personas sentenciadas por abuso sexual de menores y otras 29 por violación. En el mismo período, solo una solicitud fue rechazada.
El ministro, Fernando Rabat, defendió el procedimiento argumentando que se ajustó a criterios establecidos por la Corte Suprema en recursos de amparo anteriores a la reforma legal de 2022, que excluyó determinados delitos sexuales contra menores de los beneficios. Sin embargo, reconoció que los beneficiados no recurrieron a tribunales para obtener las rebajas, sino que estas se concedieron por vía administrativa.
Cuestionamientos al Ejecutivo
“Estamos hablando de delitos gravísimos que afectan la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes. No podemos permitir que existan vacíos o interpretaciones legales que terminen favoreciendo a quienes han cometido estos abusos”, sostuvo Sara Concha.
La parlamentaria planteó que su iniciativa buscará eliminar excepciones, establecer controles más estrictos y garantizar que las víctimas y sus familias sean informadas y puedan presentar antecedentes u objeciones antes de que se resuelvan estas solicitudes.
“Una condena por violación o abuso sexual de un menor no puede terminar reduciéndose por vacíos en nuestra legislación”, enfatizó, junto con advertir que el problema no comenzó con la actual administración y que corresponde al Congreso revisar la normativa.
Por su parte, Francisco Crisóstomo calificó las decisiones como un “indulto encubierto” y acusó una contradicción entre los beneficios otorgados y los compromisos asumidos por el Presidente José Antonio Kast durante la campaña.
El diputado extendió sus críticas hacia otros decretos que beneficiaron a condenados por delitos como secuestro calificado y tortura, incluidos dos internos de Punta Peuco. A su juicio, la actuación ministerial constituye una señal de impunidad y requiere fiscalizar la legalidad de las resoluciones y establecer eventuales responsabilidades políticas y administrativas.
El parlamentario anunció que impulsará acciones de fiscalización para conocer las fechas de comisión de los delitos y los fundamentos de cada rebaja.
Suprema toma distancia
Desde el Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, también marcó distancia de la interpretación planteada por Rabat.
“Fue el ministro de Justicia quien ha dictado decretos conforme a las facultades legales que tiene”, afirmó. La magistrada precisó que, si las decisiones administrativas no son impugnadas mediante recursos de amparo, los tribunales no tienen oportunidad de pronunciarse sobre esos casos particulares.
Chevesich evitó validar la aplicación de los fallos del máximo tribunal a las 56 solicitudes y sostuvo que determinar si existe jurisprudencia pertinente exige estudiar las sentencias correspondientes.
De este modo, la discusión no se limita a la interpretación de la normativa anterior a 2022: también pone en cuestión el alcance de las atribuciones administrativas del Ministerio de Justicia y los mecanismos de revisión de beneficios concedidos a personas condenadas por delitos de especial gravedad.
