La fuerte caída que ha experimentado el Fondo E de las AFP durante 2026 ha instalado una discusión sobre pérdidas económicas y las responsabilidades que pudieran caberles a las administradoras. Lo que está en juego es la confianza de millones de trabajadores en un sistema que administra sus ahorros previsionales y que, en el caso de quienes están próximos a jubilar, debiera ofrecer condiciones de riesgo acordes con esa etapa de la vida.
En Ñuble, entre 11 mil y 14 mil afiliados podrían verse afectados por esta situación. Personas que, en muchos casos, han acumulado sus ahorros durante décadas y que eligieron el fondo más conservador precisamente para resguardar el capital reunido antes de comenzar a recibir su pensión.
El Fondo E no está libre de riesgos ni garantiza una rentabilidad positiva. Sin embargo, su carácter conservador y su asociación con los afiliados de mayor edad generan expectativas legítimas sobre la forma en que se administra el dinero. Una caída real de 10,39% entre enero y septiembre, como la registrada este año, obliga a examinar con especial atención las decisiones de inversión que incidieron en ese resultado.
La controversia por las operaciones con instrumentos derivados vinculados a las tasas de interés internacionales ha puesto en cuestión la conveniencia de determinadas estrategias y la capacidad de las administradoras para anticipar sus riesgos. Corresponde a los organismos fiscalizadores establecer si las operaciones se ajustaron a la normativa y si las AFP cumplieron con sus deberes de diligencia. No sería responsable atribuir automáticamente las pérdidas a una mala gestión, pero tampoco lo sería dar por hecho que se trata exclusivamente de fluctuaciones inevitables del mercado sin investigar lo ocurrido.
La discusión también debe considerar una diferencia fundamental: no es lo mismo enfrentar una caída de los ahorros a los 30 años, cuando existe un horizonte prolongado para recuperar eventuales pérdidas, que hacerlo a pocos meses de jubilar. En este último caso, una disminución significativa puede afectar directamente el monto de la pensión y dejar un margen mucho menor para compensar el deterioro.
De ahí la importancia de contar con reglas del juego claras, no solo para las AFP, sino, fundamentalmente, para los afiliados. Las administradoras deben conocer con precisión los límites de sus estrategias, sus obligaciones de información y las consecuencias de eventuales incumplimientos. Los trabajadores, por su parte, necesitan comprender qué riesgos asumen, cómo se toman las decisiones que afectan sus ahorros y qué mecanismos existen para exigir responsabilidades cuando corresponda.
La transparencia no puede limitarse a informar resultados una vez que las pérdidas ya se han producido. También debe permitir conocer oportunamente las exposiciones a riesgos relevantes, la naturaleza de las inversiones y los criterios que justifican decisiones capaces de afectar el patrimonio previsional. En un sistema complejo, donde la mayoría de las personas no dispone de herramientas para evaluar instrumentos financieros sofisticados, la supervisión y la información comprensible son indispensables.
