El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), iniciativa que el Ejecutivo defiende como una modernización necesaria para adecuar el organismo a sus objetivos. Sin embargo, la propuesta generó un fuerte rechazo desde la actual dirección del instituto y sectores de oposición, que acusan un debilitamiento de su autonomía y capacidad de acción.
La iniciativa, recibida el lunes por la Cámara de Diputados, será analizada inicialmente por la Comisión de Derechos Humanos, instancia donde el oficialismo cuenta con mayoría. Entre sus principales cambios, contempla reducir de 11 a cinco los integrantes del Consejo Superior y crear el cargo de director ejecutivo, encargado de la administración y funcionamiento operativo del organismo.
Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de la facultad del INDH para presentar querellas criminales. En su reemplazo, el instituto podría realizar denuncias institucionales ante los organismos correspondientes y mantendría la posibilidad de presentar recursos de protección y de amparo.
El proyecto también establece una única sede en Santiago, eliminando las oficinas regionales que actualmente permiten al organismo mantener presencia en todo el país. Además, el informe financiero contempla una reducción de recursos y, según denunció el director del INDH, Yerko Ljubetic, el despido de cerca del 70% de los abogados de la institución.
Ljubetic calificó la propuesta como una “afectación muy grave” a la autonomía del instituto y sostuvo que sus contenidos apuntan a “neutralizar al INDH como un instrumento efectivo de protección y promoción de los derechos humanos”. A su juicio, eliminar las sedes regionales y reducir atribuciones y recursos significa desmantelar su capacidad de respuesta a nivel nacional.
El director también calificó la reforma como “el retroceso más grande” en materia de derechos humanos desde el término de la dictadura, cuestionando especialmente el mecanismo de designación del nuevo Consejo Superior. Según explicó, el proyecto establece que el primer consejo será designado por el Presidente de la República, quien además tendrá participación en la elaboración de sus estatutos.
