Señor Director:
En el Congreso avanza la llamada “Ley Alberto”, iniciativa que busca que las empresas de transporte mayor realicen controles periódicos de alcohol y drogas a sus conductores. Nadie podría estar en contra de ese propósito, pero una buena intención no basta para hacer una buena norma.
Resulta incomprensible que, si el objetivo es prevenir estas conductas entre los conductores profesionales, se deje de lado a quienes transportan carga o a quienes prestan servicios de transporte menor de pasajeros, como taxis, colectivos, apps, e incluso, transporte escolar. El riesgo vial no desaparece porque cambie el tipo de servicio o de vehículo.
Además, el proyecto concentra las sanciones en multas administrativas a las empresas, pero no contempla un registro centralizado que impida que un conductor que dé positivo pueda al día siguiente operar en otra, como ocurre hoy.
Chile no necesita leyes para el papel. Sin equipos certificados, trazabilidad digital y mecanismos de verificación, la prevención quedará reducida a una mera formalidad administrativa.
Pedro García
CEO de Migtra
