La decisión del tribunal que dejó al alcalde de Chillán, Camilo Benavente (PPD), con arraigo nacional en el caso Medialuna, abrió otras aristas en la investigación.
Mientras el jefe comunal enfrenta dos imputaciones por presunto fraude al Fisco, la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) instaló otro elemento en una relación institucional que ya arrastraba diferencias: el Gobierno Regional de Ñuble también aparece entre los organismos cuyos intereses busca resguardar el querellante.
La precisión no es menor. Ni el municipio ni el GORE presentaron esta acción judicial por iniciativa propia. Fue el CDE el que interpuso la querella contra Benavente y el abogado Esteban San Martín, en representación de ambas instituciones, que aportaron recursos para la adquisición de la antigua medialuna, por $3.276 millones.
Según los antecedentes de la acción penal, la operación habría ocasionado perjuicios al patrimonio público. Entre los hechos cuestionados figura el retiro de infraestructura del recinto por parte de la sociedad vendedora, pese a que esos bienes estaban incluidos en el precio pagado.
En ese contexto, desde el municipio recalcaron que la intervención del CDE “no significa que el Gobierno Regional ni el municipio por sí mismos se hayan hecho parte de la acción penal”. El gobernador regional (s), Alejandro Aguilera, también recalcó que el GORE no impulsó la querella ni adoptó una postura política contra el alcalde.
Sin embargo, que la acción no haya nacido de una decisión del gobernador no significa que el organismo regional sea ajeno al proceso. El CDE ejerce atribuciones legales para perseguir delitos que puedan ocasionar perjuicios económicos a entidades públicas, incluidos los gobiernos regionales y los municipios. Su intervención busca resguardar esos intereses, sin que ello equivalga a atribuir al GORE una voluntad propia de perseguir penalmente a Benavente.
Una relación bajo la lupa
El punto político está en las consecuencias que podría tener esta situación para dos autoridades del mismo sector que no se han caracterizado por mantener una relación fluida. Aunque ambas partes descartan que la causa altere el vínculo institucional, el hecho que el GORE figure entre los organismos representados por el CDE incorpora un elemento sensible a esa convivencia.
Aguilera sostuvo que la representación legal “no significa que el Gobierno Regional haya impulsado la acción penal, ni que exista una postura política contra el municipio o su alcalde”. También aseguró que la cartera de iniciativas conjuntas sigue vigente y que no existe ningún condicionamiento político o institucional sobre los proyectos.
Benavente, por su parte, afirmó que la intervención del organismo estatal “no introduce hechos nuevos”, y que su defensa mantendrá la estrategia ya definida. El alcalde también insistió en que la Municipalidad de Chillán y el GORE mantienen “excelentes relaciones”, y continúan trabajando en iniciativas para la comuna.
Por ahora, no existen antecedentes que permitan afirmar que los proyectos conjuntos estén en riesgo por la querella. Pero la continuidad de esa cartera será uno de los aspectos a observar, considerando que ambas instituciones deben seguir coordinándose para financiar obras y programas locales, mientras una investigación penal examina una operación en la que se comprometieron recursos de ambas.
Militancia de Benavente
En tanto, el caso también tuvo repercusiones partidarias. Frente a informaciones de medios nacionales que daban cuenta de una suspensión de la militancia de Benavente, el presidente regional del PPD, Sebastián González, salió a desmentirlas: “El Partido por la Democracia (PPD) no ha suspendido en ningún momento la militancia del alcalde de Chillán”. Añadió que el jefe comunal cuenta con el respaldo de las directivas nacional y regional.
