Señor Director:
Cuando pagamos impuestos, esperamos que ese dinero se traduzca en mejores caminos, hospitales y oportunidades para nuestras regiones. Por eso, resulta difícil comprender que algunos gobernadores reclamen con tanta fuerza por la reducción del 4,8% propuesta para el Presupuesto 2027, cuando no siempre logran ejecutar la totalidad de los recursos que reciben.
Más preocupante aún es que, en 2025, la Contraloría detectara irregularidades en seis gobiernos regionales, desde millonarias rendiciones pendientes hasta gastos vinculados a intereses electorales. ¿Con qué autoridad se exige más dinero público sin antes explicar cómo se administró el que ya se recibió?
Ser elegido por votación popular no garantiza capacidad de gestión ni otorga un cheque en blanco. La autonomía regional tampoco puede convertirse en una excusa para eludir responsabilidades. Quienes administran recursos públicos deben demostrar preparación, probidad y resultados, no solo habilidad para ganar elecciones.
En tiempos de estrechez fiscal, vincular los recursos a una mejor ejecución es una medida que merece considerarse. Porque el dinero no pertenece a los gobernadores ni al Gobierno de turno, sino a millones de chilenos que trabajan, pagan impuestos y merecen algo más que explicaciones.
Sally Ortega
