Casi 14 minutos duró la exposición del gobernador, Óscar Crisóstomo, ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, ocasión en la que defendió los recursos de Ñuble para 2027 y pidió frenar la reducción propuesta por el Gobierno central.
Su argumento apuntó tanto al financiamiento como a la autonomía de las regiones para decidir inversiones y responder a necesidades que no siempre encuentran solución desde Santiago.
“Son cerca de 250 mil millones de pesos que van a afectar a las regiones. Es el golpe más violento que han tenido los gobiernos regionales desde su creación”, afirmó al inicio de su intervención, en referencia al ajuste nacional. En Ñuble, la propuesta supone pasar de un presupuesto de $85 mil millones en 2026 a cerca de $74 mil millones en 2027, una disminución de $11 mil millones, equivalente a aproximadamente un 12,9%.
“Lo primero que le queremos pedir al Congreso es que nos ayude a poder frenar esta reducción”, sostuvo el gobernador, quien planteó que el recorte constituye un golpe no solo al financiamiento, sino también a la capacidad de decisión de los gobiernos regionales.
Uno de los puntos que cuestionó fue el incentivo de hasta 7% anunciado por el Ejecutivo para las regiones con buena ejecución presupuestaria. Según explicó, Ñuble podría recuperar como máximo $2.200 millones por esa vía, monto que no compensaría la rebaja propuesta.
“Esto no es ningún incentivo, esto no compensa nada”, enfatizó. A su juicio, la discusión debe partir por asegurar un presupuesto adecuado para 2027 y no por ofrecer una recuperación condicionada de parte de los recursos que se reducen inicialmente.
La diferencia también se aprecia al comparar la propuesta con lo solicitado por la región. El Gobierno Regional había requerido $94 mil millones para el próximo año, por lo que los cerca de $74 mil millones considerados en la propuesta dejan una brecha de $20 mil millones. Esta distancia es distinta de los $11 mil millones que separan el presupuesto de 2026 del proyectado para 2027.
Crisóstomo cuestionó, además, que las dificultades de ejecución se atribuyan a los gobiernos regionales sin considerar las restricciones administrativas que enfrentan. Para respaldar su argumento, citó una declaración del ministro del Interior, Claudio Alvarado, sobre el efecto de la burocracia en la inversión pública.
“Nuestro gobierno tiene plena conciencia de que la burocracia termina matando iniciativas de inversión porque se generan plazos de resolución largos”, recordó, antes de plantear que las regiones enfrentan exigencias y tiempos de tramitación que dificultan ejecutar los recursos con mayor agilidad.
Obras comprometidas y programas en riesgo
El gobernador defendió un modelo que entregue mayor autonomía presupuestaria, similar al de los municipios, para agilizar inversiones y responder oportunamente a las necesidades comunales. También cuestionó que el debate se concentre en la ejecución de los gobiernos regionales sin revisar el desempeño de los ministerios y las demoras en las transferencias.
“En nuestra región de Ñuble, la única institución pública que ejecuta como se está ejecutando es el Gobierno Regional. Ningún otro ministerio lleva una ejecución igual”, sostuvo. Agregó que la institución ha superado el 99% de ejecución en los últimos años y que actualmente registra cerca de un 60%, en un proceso que, según explicó, responde a una planificación de las inversiones.
La reducción también pone en cuestión compromisos que ya están en marcha. Crisóstomo indicó que cerca de $24 mil millones del presupuesto de 2027 corresponden a compromisos de arrastre, equivalentes a casi un tercio de los $74 mil millones proyectados. Además, iniciativas con firma y en proceso de licitación representan el 78% de los $94 mil millones solicitados inicialmente.
“Probablemente, al último trimestre del próximo año, vamos a tener problemas para poder pagar a las constructoras y a las empresas”, advirtió. La situación, explicó, podría repercutir en obras en ejecución y en compromisos asociados a convenios de programación con organismos como los ministerios de Obras Públicas y Salud, además de Corfo y la Policía de Investigaciones. El monto conjunto señalado para estos convenios alcanza los $116 mil millones, aunque corresponde a compromisos plurianuales y no exclusivamente al presupuesto de 2027.
En materia de empleo, el gobernador recordó que Ñuble registra una desocupación que supera el 11% y sostuvo que la región no cuenta con un plan especial de empleabilidad anunciado por el Gobierno central. Frente a ese escenario, detalló que durante este año el Gobierno Regional destinó recursos a 98 proyectos que permitirían generar alrededor de 3 mil empleos.
La exposición incluyó un repaso de iniciativas que la administración regional presenta como parte de su aporte al desarrollo territorial, entre ellas, el Centro Teletón, la carrera de Medicina y el centro de simulación de la Universidad del Bío-Bío, además de proyectos de salud, seguridad y agua potable rural. En este último ámbito, destacó que más de 20 mil personas accedieron a agua potable durante los últimos cinco años mediante proyectos regionales.
Pero el argumento más directo llegó al abordar los programas sociales. Crisóstomo advirtió que el ajuste podría dejar sin transporte escolar a 8.600 estudiantes y afectar la continuidad de los centros de la mujer que atienden a 1.100 mujeres. También alertó sobre posibles efectos en la atención de 135 niños y niñas de la red regional vinculada al trastorno del espectro autista y en la capacitación de cerca de 2.500 docentes.
Respaldo en la subcomisión
La presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, senadora Yasna Provoste, recogió los planteamientos de los gobernadores y anunció su respaldo a la reposición de fondos. “Hemos escuchado la presentación que ha hecho el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales y también al director de Presupuestos y al subsecretario de Desarrollo Regional, y creo representar el sentir mayoritario de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, en donde tenemos el pleno convencimiento de que no se puede aprobar un presupuesto que rebaje los recursos a las regiones, además en el contexto que hoy estamos enfrentando como país con una alta tasa de desempleo, con una economía estancada”, afirmó.
En tanto, el presidente subrogante de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) y gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, fue categórico al rechazar la propuesta presupuestaria. “Yo creo que la distancia que tenemos y esta forma en la cual se mira la descentralización en Chile la verdad que es una propuesta bien vergonzosa, y digo que es bien vergonzosa porque el propio Presidente nos ha dicho cuando nos reunimos con él la primera vez que era fundamental para la descentralización. Dijo el 2021 no creía en la descentralización, el 2024 tampoco creía en la descentralización, hoy día sí creo en la descentralización, y para nosotros es fundamental que los gobiernos regionales de Chile trabajen en seguridad, que trabajen en empleo y que trabajen en crecimiento”, afirmó.
