El Gobierno español aprobó este martes de nuevo dos decretos leyes de medidas contra la crisis de precios de la vivienda, esta vez con algunas modificaciones sobre los que quedaron derogados por el Congreso el viernes pasado por falta de apoyo parlamentario.
El jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, aseguró que esas dos normas incluyen incorporaciones “muy positivas”, que mantienen la esencia de los que decayeron por la oposición parlamentaria de los conservadores y de la extrema derecha, así como de los independentistas catalanes de Junts.
El voto en contra de Junts fue clave para esa derrota parlamentaria del Gobierno, y Sánchez decidió adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre próximo (estaban previstas en 2027), en un contexto de malestar y protestas sociales, con numerosas manifestaciones y acampadas para reivindicar el derecho a una vivienda digna y asequible.
Como novedad, el Ejecutivo añade una línea de financiamiento público dotado de 10.000 millones de euros, con préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para quienes quieren adquirir una primera vivienda.
Los arrendatarios, por ejemplo, podrán rebajar parte de lo que pagan del arriendo en el impuesto de la renta (unos mil euros anuales en el caso de alquileres de 800 euros mensuales); y se prevén incentivos fiscales para los pequeños propietarios que arrienden casas a precios asequibles.
También se prorrogan hasta dos años los contratos de arriendo de quienes están al día en los pagos; se limitan las subidas del precio y se fijan reglas sobre cuándo se terminan y en qué casos el propietario puede recuperar la vivienda.
Como recogían los decretos anteriores, se regula el arriendo de temporada y de habitaciones y se limita la compra de vivienda por “fondos buitre”.
Sánchez reconoció que las medidas no resolverán el problema de la vivienda por sí solas, y abogó por “impulsar una intervención de forma mucho más firme” en el mercado de la vivienda, pues “claramente no funciona” por motivos como la especulación.
