Diversas organizaciones ambientales y territoriales de Ñuble levantaron sus reparos frente a una serie de proyectos hídricos, extractivos y energéticos que, a su juicio, podrían generar impactos sobre la disponibilidad de agua, los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades rurales.
Entre las iniciativas cuestionadas se encuentran los proyectos de los embalses La Punilla y Zapallar, la exploración de tierras raras en Cobquecura, además de parques eólicos y fotovoltaicos y proyectos de transmisión eléctrica que consideran podrían afectar zonas de valor ambiental y productivo.
Uno de los principales focos de preocupación está puesto en el embalse La Punilla, iniciativa que actualmente cuenta con Recomendación Satisfactoria (RS) para avanzar hacia su financiamiento. De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, el proyecto será licitado durante 2027, con el objetivo de iniciar su construcción durante el primer trimestre de 2028.
Karina Constanzo, de la organización Ñuble Libre, cuestionó que esta iniciativa avance sobre la base de antecedentes ambientales que, según planteó, fueron elaborados hace más de dos décadas.
“Yo creo que el argumento de que la RCA está obsoleta es un hecho, o sea, los estudios de impacto se realizaron desde los años 2001 y 2004, por lo tanto, no responden a la composición ni geográfica tampoco de la comunidad. Toda esta información que se recaba para ver a las familias afectadas también está obsoleta, porque los niños que en el 2010, por ejemplo, pudieron haber tenido 10 años, hoy bien en el 2026, esos niños ya son adultos, pueden tener otras familias, en tanto, la composición de las familias de la comunidad afectada también se ha modificado mucho”, mencionó.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por las organizaciones, Nueva La Punilla, contempla un embalse destinado al riego y generación eléctrica que inundaría unas 1.700 hectáreas de bosque nativo en la cuenca alta del río Ñuble. El área se encuentra en el entorno de la Reserva de Biósfera Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja y constituye hábitat del huemul de la zona central, especie catalogada en peligro de extinción.
“Creemos que es urgente volver a realizar un estudio de impacto ambiental. Sabemos que está reconocida por Sernageomin, que es un departamento que decidió abstenerse de pronunciamiento en el estudio de impacto ambiental, una falla geológica en la base de las rocas del Punilla, que es donde se pretende instalar el muro, que es de 136 metros. Esta falla geológica se profundizó con el terremoto del año 2010, pero ya existía. Por otro lado, hay estudios que califican de riesgo muy alto la posibilidad de que el volcán pudiera hacer erupción, y que los afluentes, que son el río Gato y el Gertrudis, que nacen de la base del volcán Chillán, pudieran trasladar el material desembocando en pleno embalse”, dijo.
La representante de Ñuble Libre agregó que las organizaciones han planteado sus reparos a distintos gobiernos, sin que, a su juicio, se hayan producido respuestas concretas.
“nosotros consideramos que es muy peligroso que sigan intentando realizar este proyecto sin volver a realizar el estudio del impacto ambiental. También de acuerdo a la normativa vigente. (…) Nosotros ya llevamos varios gobiernos diciendo más o menos lo mismo. Aquí han venido ministros, subsecretarios, pero cada reunión que tenemos, aunque sea una nueva o una antigua autoridad, es como una reunión que parte de cero. Siempre es para presentar nuestras demandas”, señaló.
Otro de los proyectos que concentra la oposición de organizaciones territoriales es el embalse Zapallar en río Diguillín, que inició sus obras en junio pasado.
Para Somos Diguillín, la obra beneficiaría a la gran agroindustria a costa de expropiaciones forzadas, la pérdida de tierras de la agricultura familiar campesina y emprendimientos de turismo rural, y daños al bosque nativo, esteros, napas subterráneas y sitios arqueológicos del valle. Además, advirtieron que la baja del caudal se sentiría en toda la cuenca del Itata.
Por su parte, Valentina Ibarra, integrante del Comité Unión Diguillín y Somos Diguillín, explicó que la iniciativa se encuentra judicializada ante el Tribunal Ambiental de Valdivia, donde próximamente se desarrollará una audiencia relacionada con recursos de reclamación e invalidación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
“La idea es que se revoquen la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), porque son dos recursos, reclamación e invalidación. La intención no es que no se riegue, es todo lo contrario. Somos familias de pequeña agricultura y agricultores. El tema es que proyectos como las megarepresas, como Zapallar o Punilla no cumplen el objetivo en esta época de cambio climático. Destruyen el territorio, no van a acumular el agua y la repartición se concentra en un pequeño grupo que compra las acciones. La forma que tiene Chile de la privatización del agua jamás va ser una repartición democrática. El pequeño agricultor siempre es el que pierde”, manifestó.
Como alternativa, propuso impulsar obras de menor escala, como pequeños tranques fuera del cauce de los ríos, además de replicar experiencias como el embalse Coihueco.
“La idea es que no continúe este proyecto y el Estado empiece a trabajar en proyectos que realmente van a servir para el objetivo del riego. Por ejemplo, la construcción de pequeños tranques fuera del cauce de los ríos. Incluso ver la posibilidad de pequeños embalses como el Coihueco, que se repliquen. Porque hay otros proyectos que quedaron de la misma época, pero que fueron despejados y nunca más se retomaron”, expresó.
Ibarra también planteó utilizar nuevas tecnologías para identificar zonas aptas para la construcción de microtranques, junto con fortalecer la tecnificación del riego y el uso eficiente del agua.
“Ahora hay tecnología para ver de manera satelital cuáles son las mejores zonas de inundación para hacer microtranques, para paliar la sequía y para uso agrícola. (…) Hay tecnología de sobra, hay también la formación científica para llevarla a cabo, promover más la tecnificación del riego para el uso eficiente del recurso. El impacto negativo que tiene sobre el territorio es infinitamente menor que las megarepresas como el zapallar, que finalmente solamente beneficia al mismo pequeño grupo que siempre se beneficia de todos los subsidios del Estado. Además, como ciudadanos, tenemos derecho a exigir que se inviertan proyectos que realmente van a hacer beneficio para toda la población, porque son fondos públicos.”
En Cobquecura, la mayor alarma la generan las concesiones mineras y las solicitudes de exploración de tierras raras, que, según plantearon desde la organización Cobquecura Sin Mineras, ya abarcan aproximadamente 18 mil hectáreas equivalentes a un 31,6% de la superficie total de la comuna.
“No podemos permitir que decisiones tomadas en Santiago o por grandes capitales extranjeros pongan en jaque la biodiversidad y el patrimonio cultural de nuestra comuna, e incluso, nuestra salud. La contaminación nos quitará el agua de nuestro riego, se trata de una industria que generará una sobreexplotación de los servicios básicos de agua”, señalaron.
En la costa preocupa además la línea de transmisión Itahue-Hualqui, con torres de alta tensión y fajas de servidumbre de hasta 40 metros de ancho que obligan a talar bosque.
Para expresar sus reparos, las organizaciones realizarán una manifestación pacífica para este viernes 25 de septiembre a las 16:00 horas, con punto de inicio en la Plaza de Armas de Chillán.
Bajo el lema “Todo Ñuble marcha por la defensa de su biodiversidad”, la movilización tendrá un carácter familiar, cultural y artístico. Las organizaciones buscan visibilizar la preocupación de las comunidades locales.
