Una investigación del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Ñuble y de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI logró la detención y prisión preventiva para R. A. B.C y para D.H.C , ambas venezolanas, quienes fueron formalizadas por tráfico ilícito de drogas, en Chillán. Un tercer imputado, F. V. C, de la misma nacionalidad fue formalizado por el mismo delito y quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.
El fiscal explicó que “la investigación permitió identificar que los detenidos se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas en esta ciudad, droga que adquirían en Santiago y luego vendía, en modalidad de delivery, a través de contacto por aplicaciones móviles, en Chillán”. El negocio ilícito era dirigido por las mujeres y una de personas que ayudaba en las ventas era Fernando Villalba, el tercer formalizado en esta investigación.
Anoche, cerca de las 23 horas, Raimar Belisario y el hombre imputado viajaban desde Santiago a Chillán, cuando fueron controlados por los detectives de la Briant, en la Ruta 5 Sur, a la altura de la Tenencia de Carreteras de Ñuble. Oculto en el vehículo transportaban poco más de un kilo de cocaína.
Tras registrar el domicilio la otra imputada, se incautó marihuana, ketamina y más cocaína. Además de esto, 475 mil pesos en dinero en efectivo.
El jefe de la Briant Chillán, subprefecto Jonathan Silva Concha, precisó que “se estableció que viajaban a la Región Metropolitana, con el fin de contactarse con extranjeros para abastecerse de clorhidrato de cocaína, y una vez con la droga en su poder retornaban a Chillán donde utilizaban su vivienda como casa de seguridad para acopiar y dosificar droga, para luego venderla”.
Acotó que “conforme al proceso investigativo, que incluyó una serie de técnicas intrusivas amparadas por la Ley, se determinó que gracias al comercio ilícito de drogas aumentaron su patrimonio”. El oficial de la PDI detalló que, además, “los imputados se cambiaban de vivienda con cierta frecuencia con el objetivo de evitar ser identificados por los detectives”.
El fiscal Álvaro Serrano expuso en la audiencia de formalización que la libertad de las imputadas principales constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que acogió el tribunal al decretar la prisión preventiva.
El Juzgado de Garantía de Chillán dio tres meses de plazo para la investigación de la Fiscalía.
